POLÍTICA: LA VICEPRESIDENTE VICTORIA VILLARRUEL VUELVE A COMPLICAR AL GOBIERNO AL ALEJARSE DE LAS NEGOCIACIONES POR ARIEL LIJO PARA LA CORTE SUPREMA

La vicepresidente Victoria Villarruel ha decidido apartarse de las negociaciones para la designación de Ariel Lijo como juez de la Corte Suprema, argumentando su desacuerdo con el perfil del magistrado. Esto pone al Gobierno nacional en una posición incómoda, ya que deberá garantizar los votos necesarios en el Senado para avanzar con los nombramientos en el máximo tribunal.

Tras la jubilación de Juan Carlos Maqueda el 31 de diciembre, la Corte Suprema quedó con solo tres integrantes, lo que obliga a sumar conjueces para garantizar el funcionamiento pleno. El Ejecutivo busca cubrir estas vacantes y propuso los nombres de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, aunque este último cuenta con menor apoyo en la Cámara Alta.

Sin embargo, la figura de Lijo genera tensiones no solo entre los bloques aliados, sino también dentro del oficialismo. Villarruel, que previamente cuestionó su idoneidad, reiteró su postura en contra del magistrado y dejó en claro que el Ejecutivo debe asumir la responsabilidad de negociar los votos necesarios para su aprobación.

El desafío legislativo
El Gobierno incluyó en el temario de las sesiones extraordinarias, que se extenderán del 20 de enero al 20 de febrero, la discusión de 150 pliegos de jueces, fiscales y defensores, además de los candidatos para la Corte. No obstante, fuentes oficiales reconocen que sería difícil tratar todos estos nombramientos en tan poco tiempo.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, insistió en que la estrategia oficial apunta a aprobar en conjunto los dos pliegos de los candidatos a la Corte, aunque esta postura enfrenta resistencia. En paralelo, Unión por la Patria reclama un «acuerdo mayor» que incluya no solo los nombramientos en la Corte, sino también la ampliación del tribunal y la designación del Procurador General.

La postura de Villarruel
Desde el entorno de la vicepresidenta aseguran que su posición es inamovible: no considera que Lijo tenga los méritos suficientes para ocupar un lugar en la Corte. Esta decisión libera a Villarruel de participar directamente en una eventual votación reñida, como ocurrió anteriormente con la Ley de Bases, donde su voto fue decisivo.

Al respecto, la vicepresidente ha dejado claro que el Ejecutivo debe asumir la tarea de construir consensos, en un contexto donde los dos tercios necesarios para aprobar el pliego de Lijo parecen lejanos sin el respaldo de los bloques opositores y aliados.

Negociaciones con el kirchnerismo
En el Senado, el kirchnerismo, que constituye el bloque más numeroso, será un actor clave en las negociaciones. Sin embargo, la relación entre este sector y el oficialismo está marcada por tensiones.

Desde Unión por la Patria insisten en que cualquier acuerdo debe incluir la posibilidad de ampliar la Corte para incorporar a un magistrado afín a su espacio político, un punto que el Gobierno aún no ha definido cómo abordar.

Un escenario incierto
La decisión de Villarruel de apartarse de las negociaciones complica aún más el panorama para el Gobierno, que ya enfrenta desafíos significativos en el Congreso. Con un Senado fragmentado y la falta de consenso en torno a Lijo, el Ejecutivo deberá desplegar una estrategia política hábil para avanzar en su agenda judicial.

Mientras tanto, la demora en la designación de los jueces de la Corte sigue alimentando el debate sobre la independencia y el equilibrio del máximo tribunal.