POLÍTICA: EL GOBIERNO DEL PRESIDENTE MILEI PLANEA DAR DE BAJA MÁS JUBILACIONES DE PRIVILEGIO
Desde el equipo de Javier Milei mantienen la postura de que todo político con condenas en segunda instancia no debería recibir ningún privilegio ni cederlo a parientes
El gobierno de Javier Milei, a través de la ANSES liderada por Mariano De los Heros, inició una revisión exhaustiva de jubilaciones de privilegio otorgadas bajo la ley 24.018, tras eliminar los beneficios de Cristina Kirchner y Amado Boudou, condenados en las causas Vialidad y Ciccone. La decisión generó polémica por posibles «errores de procedimiento» que podrían beneficiar a la expresidenta con un retroactivo millonario, advirtió la diputada Graciela Ocaña.
La discusión se intensifica con la pensión de Zulema Yoma, viuda de Carlos Menem, que el gobierno no contempla revocar. Según Luis Herrero, ex presidente de la Cámara de Seguridad Social, «la acción penal y la pena se extinguen con la muerte del acusado». Este principio permite que Yoma mantenga el beneficio, pese a que Menem enfrentó múltiples causas judiciales, incluyendo la condena en el caso de contrabando de armas, que la Corte Suprema nunca resolvió en última instancia.
Cristina Kirchner respondió al anuncio en un extenso tuit: “Preguntale a Martín Menem, tu presidente de la Cámara de Diputados, por qué cobra la misma pensión la tía Zulema”. La hija de Menem, Zulemita, contestó acusando a la ex mandataria de desconocer los sobreseimientos de su padre en varias causas, aunque admitió que algunas resoluciones fueron polémicas, como el fallo de 2018 que absolvió a Menem por «exceso en el plazo razonable».
Isabel Perón en la mira de Javier Milei
Entre los beneficiarios de estas jubilaciones figuran otros ex mandatarios, vicepresidentes y sus familias. Según un informe parlamentario, Mauricio Macri cobra más de 11 millones de pesos mensuales, mientras que Isabel Perón percibe casi 7 millones por beneficios combinados, incluyendo una pensión militar heredada de Juan Domingo Perón. También destacan casos como los de viudas e hijas de ex presidentes, con montos que rondan entre los 4 y 8 millones de pesos.
En el caso de Alberto Fernández, la ANSES aprobó su jubilación con un retroactivo de 32 millones de pesos, decisión que fue cuestionada por Ocaña, quien denunció que el trámite fue “exprés” y que Fernández no debería haber recibido esa suma. Este episodio se suma a una lista de controversias sobre la gestión de pensiones de privilegio en las últimas décadas, con decisiones judiciales que han sentado precedentes confusos.
La revisión incluye a figuras como Isabel Perón, quien percibe beneficios desde la muerte de su esposo y tras su exilio en España. Otros casos, como el de la hija del ex presidente José María Guido y la viuda del dictador Roberto Levingston, son considerados «irregulares» por especialistas, pero quedan protegidos por vacíos legales en las normativas vigentes.
Por último, las críticas hacia el manejo del gobierno apuntan a que los errores podrían ser intencionales para beneficiar a Cristina Kirchner en futuras demandas. Ocaña instó a que la Oficina Anticorrupción y otros organismos sean querellantes en los procesos judiciales abiertos y además afirmó: «A Cristina le gusta la plata, y si tuviera dignidad, no habría hecho lo que hizo en plena pandemia». La polémica sobre las pensiones sigue escalando, en un contexto de reclamos por mayor transparencia en el uso de fondos públicos.
