POLÍTICA Y ECONOMÍA: LUCHAPOR MAS FONDOS PARA EDUCACIÓN Y JUBILACIONES

El debate en torno al proyecto de Presupuesto 2025 lleva dos semanas y ha generado un clima de negociación y tensiones en el Congreso. Diferentes sectores de la oposición han comenzado a reunirse de manera informal con el Gobierno para expresar sus diferencias y proponer alternativas. Sin embargo, los funcionarios de La Libertad Avanza han mantenido una postura firme respecto a la distribución de los recursos, lo que ha llevado a las bancadas dialoguistas a planificar estrategias legislativas para forzar una negociación efectiva.

Principales puntos de conflicto
Uno de los temas más controversiales es la nueva regla fiscal, que establece que cualquier desvío en los ingresos obligará a hacer cambios proporcionales en los gastos. Mientras que gran parte de la oposición defiende el déficit cero como un principio legítimo, buscan limitar la discrecionalidad del Gobierno. En particular, proponen que cualquier aumento de ingresos, derivado de una inflación real menor a la prevista, se destine a áreas específicas previamente acordadas.

El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, ha señalado que los ingresos extra se destinarían a «bajar impuestos». Sin embargo, los radicales y el bloque de Miguel Ángel Pichetto han pedido una lista más detallada sobre cómo se distribuirán estos recursos. De igual manera, quieren claridad sobre qué sectores enfrentarán recortes si la recaudación es inferior, subrayando que no pueden tolerarse más bajas en salud y educación.

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El régimen jubilatorio: un tema espinoso
Otro foco de conflicto es el régimen jubilatorio. El Gobierno ha manifestado su rechazo a un aumento del 8% para compensar la inflación de enero y ha decidido no renovar la moratoria para que las personas sin aportes puedan jubilarse. Además, se limitará la actualización del bono, conforme a lo que adelantó el director de la ANSES, Mariano de los Heros. La oposición considera estas decisiones inaceptables y exigirá cambios sustanciales en este aspecto.

Educación y financiamiento
En el ámbito educativo, se anticipa una reducción del 0,3% y una baja del 4,5% en el financiamiento de las universidades. El artículo 27 del proyecto prevé la suspensión de la obligación de garantizar un gasto consolidado no inferior al 6% del PBI para la educación, lo que generaría un impacto negativo en la calidad del sistema educativo argentino, según advierten los miembros de la bancada radical.

El Gobierno tiene previsto asignar $3,8 billones a las universidades nacionales, cifra que representa menos de la mitad de lo que exige el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Esta diferencia se justifica en que el Gobierno no contempla la recuperación salarial acorde a la inflación esperada del 18%.

Propuestas de la oposición
En respuesta a estas cuestiones, el bloque de Pichetto está elaborando un dictamen de minoría que busca un equilibrio fiscal con criterios distributivos. Esta iniciativa incluiría mejoras en las jubilaciones y el financiamiento de universidades, además de contemplar de dónde se obtendrán los recursos necesarios.

Las fuentes de financiamiento propuestas por la oposición incluyen la reducción de partidas que aumentan sin justificación, como las de la Jefatura de Gabinete y la SIDE, así como regímenes salariales especiales de la administración pública.

Deudas con las provincias y futuras auditorías
El Gobierno también ha indicado que liberará los fondos de las deudas con las 13 cajas jubilatorias provinciales una vez que se realicen las auditorías pertinentes. Desde Encuentro Federal, han propuesto establecer un límite de tiempo para estas auditorías y liberar los fondos automáticamente si no se completan en ese plazo.