JUSTICIA Y POLÍTICA: LA CORTE SUPREMA CONVOCÓ A UNA AUDIECIA ENTRE JORGE MACI Y ELMINISTRO LUIS CAOUTO POR EL CONFLICTO DE LA COPARTICIPACIÓN
La audiencia fue fijada en la secretaria de Originarios del máximo tribunal para el 22 de agosto próximo
La Corte Suprema de Justicia convocó al ministro de Economía, Luis Caputo, y al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, para participar de una audiencia el próximo 22 de agosto en el marco de la causa por el conflicto de coparticipación entre Ciudad y Nación que nació en el gobierno de Alberto Fernández, revelaron A medios periodísticos fuentes judiciales.
Según se pudo confirmar la reunión, de la que no participarán los jueces del máximo tribunal, será encabezada por el secretario de Originarios de la Corte Suprema Alejandro Rodríguez. Fue fijada para el próximo 22 de agosto de 2024, a las 11 HORAS.
Todo se enmarca en la demanda que inició el gobierno porteño en septiembre del 2020, cuando el entonces jefe de Gobierno demandó al Estado Nacional de Alberto Fernández invocando la inconstitucionalidad del decreto dictado 735/20 que redujo el porcentaje de fondos que le corresponden en la coparticipación de recursos públicos. Puntualmente, la Ciudad reclama que se restablezca en forma inmediata su derecho a percibir el porcentaje de participación equivalente al 3,5% originado en el “Consenso Fiscal”, ratificado por la ley 27.429 y por el decreto 257/18 y se ordene la restitución de los ilegítimamente retraídos, con intereses. A su criterio, la Casa Rosada no podía “modificar unilateralmente” el monto de fondos coparticipables que le correspondía, dado que éste fue siempre establecido mediante el acuerdo de la CABA con el Estado Nacional. También se sostuvo que esos acuerdos deben ser ratificados por la vía legislativa.
A fines del 2022, la Corte Suprema hizo lugar a una medida cautelar a favor de la Ciudad de Buenos Aires y ordenó que el Estado Nacional le entregue el 2,95% de la masa de fondos definida en el artículo 2° de la ley 23.548, que le fuera reducida primero por un Decreto del Presidente Alberto Fernández, y luego por ley sancionada en el Congreso de la Nación. A inicios del 2023, el Gobierno Nacional impulsó un juicio político contra los jueces de la Corte Suprema y el fallo no fue acatado.
