JUSTICIA: ALBERTO FERNÁNDEZ Y SU OTRO FRENTE JUDICIAL «EL ESCÁNDALO DE LOS SEGUROS»

El mensaje que envió el viernes desde su cuenta de la red social X del presidente de la Nación Javier Milei deja en evidencia el punto de partida del escándalo social y político que viven el ex presidente de la Nación, Alberto Fernández, su ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el kirchnerismo en su conjunto y sacude a la sociedad argentina.

Entre los últimos chats que se dieron a conocer la semana pasada, hay varias conversaciones entre su íntimo amigo el bróker de seguros Héctor Martínez Sosa y su mujer María Cantero, la secretaria de Fernández en los últimos 30 años que están en poder de la justicia.

Cómo Fernández habría favorecido con contratos a Héctor Martínez Sosa
En los chats se revelan conversaciones sobre varios casos de injerencia de ambos para que varias dependencias del Estado como Gendarmería Nacional y Cancillería contraten a la aseguradora de Héctor Martínez Sosa Seguros para asegurar todas sus pólizas con esa compañía de seguros.

El mensaje de Milei no deja dudas y además defiende a su ministra de Capital Humano Sandra Pettovello por todas su denuncias presentadas ante la justicia, en particular el llamado «escándalo de los seguros».

«Y pensar que todo esto arrancó cuando la tan criticada ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, denunció a la justicia las maniobras irregulares con los seguros durante el último gobierno kirchnerista», escribió Milei.

En este caso Milei relacionó la situación actual de Alberto Fernández, con la denuncia realizada el 3 de marzo pasado en forma conjunta por la ANSES, Nación Seguros y el ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello presentada ante el Juzgado Federal 11, Sec 21 expte 667/24.

La denuncia tiene por objeto que se investiguen las «presuntas irregularidades ocurridas en torno al Decreto 823/2021, firmado el 2 de diciembre de 2021 en el Gobierno del presidente Alberto Fernández y de su vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En esa denuncia se explicita, entre otras cosas, que todo el negocio de los bróker de seguros con la empresa Nación Seguros, propiedad del Banco Nación Argentina (BNA), era posible por ese decreto que obligó a las entidades públicas a contratar con Nación Seguros los convenios de seguros celebrados durante el gobierno del Frente de Todos.

El foco en particular está puesto en los créditos de la ANSES a los jubilados. Antes del gobierno del Frente de Todos, el organismo previsional usaba autoseguros, pero a fines de 2021, por una orden de Alberto Fernández, todos los seguros estatales debían ser canalizados a través de Nación Seguros. El problema era que Nación Seguros contrataba, a su vez, a varios bróker y a empresas privadas aseguradoras que se llevaban grandes comisiones.

Escándalo de los seguros: qué decía el decreto que firmó Fernández
Ese decreto además establecía que los contratos debían hacerse mediante convenio interadministrativo para el caso de la administración central y por régimen de contrataciones para el caso de empresas públicas y entes fiduciarios.

En el texto del decreto se prohíbe expresamente la subcontratación de pólizas, pero no se hace mención a que no podría haber gestores. Ahí es donde aparecen los intermediarios bajo sospecha.

El Decreto 823/2021 establecía la obligación de los organismo del Estado de contratar a Nación Seguros.

El mismo establecía que todas las entidades del Sector Público Nacional «deberán implementar la contratación de las pólizas de seguros que requieran en el ejercicio de su gestión a través de Nación Seguros S.A. en todas las ramas en las que esa institución opera»

El artículo 4 de la norma, aclaraba que, «a su vez, esta empresa podrá, en caso de que los tipos de riesgos lo requieran o bien las sumas aseguradas superen los límites máximos de retención a su cargo», dar participación en forma de coaseguro, «a otras entidades autorizadas a operar en materia de seguros».

De esta manera se habilitaba el ingreso de intermediarios que debían estar bien conectados, ya que no se habría generado ninguna licitación ni compulsa su contratación.

La normativa detallaba que «los porcentajes a ofrecer a otras entidades del mercado deberán guardar proporción con respecto a su responsabilidad patrimonial y demás indicadores que considere para su evaluación y para tales ofrecimientos, y, en su caso, con la eventual participación de entidades reaseguradoras del mercado local y/o reaseguradoras admitidas del exterior, dentro del marco normativo vigente».

Las pólizas en cuestión fueron emitidas con una vigencia de 12 meses y originalmente vencían el 2 de marzo de 2023, pero la gestión de Alberto Fernández optó por hacer uso de la prórroga «por única vez y por un plazo igual», por lo que se extendieron hasta esa misma fecha, pero de este año. Ante posibles irregularidades en los contratos y en las comisiones que se cobraban por las pólizas de seguro de jubilados y beneficiarios de planes sociales que sacaran un crédito en el ANSES se podría abrir una causa judicial.

Pettovello desactivó el decreto que terminó con la imputación del expresidente
Ese mecanismo quedó desactivado a partir del 1° de marzo por la Resolución 42/2024 firmada por la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello y por el director ejecutivo de ANSES Mariano de los Heros que se dictó para terminar con ese Decreto 823/2021, redactado y publicado por orden del entonces presidente Alberto Fernández, de su jefe de Gabinete, Juan Manzur, y de quien era el ministro de Economía, Martín Guzmán.

Ese decreto le ordenaba a los organismos del Estado tramitar sus pólizas a través de Nación Seguros, pero al mismo tiempo permitía la intervención de brókers privados, que cobrarían comisiones por encima de los valores de mercado.

Por esa denuncia conjunta de ANSES, Nación Seguros y el ministerio de Capital Humano, fue imputado Alberto Fernández en la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en contrataciones de un «bróker y empresas privadas» para intermediar en la gestión de seguros en dependencias oficiales durante su gobierno.

La causa, que está en manos del juez federal Julián Ercolini, imputa también Alberto Pagliano, ex titular de Nación Seguros, y a Héctor Martínez Sosa, bróker de seguros y amigo de Fernández. Ercolini también lleva la causa de la denuncia por violencia de género presentada por Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández.

Luego de conocido el hecho Alberto Fernández, declaró: «Dudo que ella haga una cosa así; si lo hizo, no lo avalo; ninguno te va a decir que pedí por alguien; yo lo dudo, pero no puedo garantizar que ella no haya hecho una cosa así; si fue así, se extralimitó», tomando distancia de Héctor Martínez Sosa y su mujer, María Cantero.

Además, Fernández aseguró que «nunca habló con Martínez Sosa sobre su papel como intermediario en el Estado», con comisiones millonarias, así como también que «hace uno o dos años»‘ que no lo ve.

Además de presentar las pruebas documentales y testimoniales, desde ANSES se solicitó que no se levante la inhibición de bienes de Alberto Fernández.

La historia comenzó cuando a mediados de febrero los técnicos de la ANSES observaron un gasto que les llamó poderosamente la atención e inmediatamente se lo comunicaron a la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello.

Habían descubierto que uno de los mayores gastos que tuvo la ANSES el año pasado fueron los 20.000 millones de pesos anuales que se pagaron en seguros a una sola aseguradora que era Nación Seguros en concepto de pagos de coseguros.

«Ese monto era lo que pagaba la Anses a una entidad del Banco Nación la empresa Nación Seguros para asegurar los créditos que recibían jubilados y pensionados a los que daban los créditos en operaciones de las que también participaban, con suculentas comisiones, firmas privadas a modo de coaseguro» explicó a Iprofesional una fuente cercana al Gobierno.

Ese requisito, el de armar una póliza en favor de los beneficiarios, fue implementado en 2021 a través ese Decreto 823 bajo la gestión de Alberto Fernández. Lo qué hay que destacar es que en los diez años precedentes los préstamos se habían otorgado sin esa modalidad.

Es que esos convenios contemplaban que, si los costos superan los ingresos de las compañías, las primas se ajustarán hasta equilibrar la relación garantizando, así, que las aseguradoras privadas no perdieran plata.

Hay que recordar que durante la campaña presidencial el entonces ministro de Economía y candidato de Unión Por la Patria, Sergio Massa dio la orden a la directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta, de ampliar los préstamos en el marco de un renovado y aumentado «Plan Platita» que diera volumen a su candidatura presidencial: tenían montos de hasta $ 600.000 a una tasa anual del 29%, un tercio de lo que cobraban los bancos y en 24, 36 o 48 cuotas.

Estos créditos estaban destinados para todo tipo de beneficiarios, incluso para titulares de las pensiones no contributivas, con el objetivo de captar votos para Massa con la excusa de fomentar el consumo.

Detrás de la imputación a Alberto Fernández por las contrataciones de seguros en el Estado aparece además del favoritismo a su amigo Héctor Martínez Sosa un negocio con cuatro importantes empresas del sector: Sancor, San Cristobal, Life Insurance y San Germán Seguros y con varios bróker más.

Esas empresas eran subcontratadas por Nación Seguros como intermediarios en el caso de los seguros de ANSES y las mismas resultaban beneficiarias con una comisión del 17%, esto es tres veces mayor a la del mercado.

Las dudas surgieron a partir de algunas maniobras que se habrían realizado en el marco de la Resolución 2/2022, de la Subdirección Ejecutiva de Operación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que aprobó la solicitud de los servicios de Nación Seguros.

En el texto de la denuncia presentada en conjunto por la ANSES, Nación Seguros y Capital Humano se detalla que Nación Seguros debía hacer cargo de «la cobertura de Seguro de Vida Colectivo sobre Saldo Deudor para los beneficiarios tomadores de préstamos dentro del Programa Créditos ANSES, para las líneas de créditos destinadas a titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), Prestaciones No Contributivas (PNC), Pensión al Adulto Mayor (PUAM), Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignaciones Familiares (SUAF)».

Es decir, cada vez que el organismo le otorgaba un préstamo a un jubilado o beneficiario de alguno de los mencionados planes sociales, debía contratar un seguro de vida para esa persona y solamente podía hacerlo a través de esta compañía estatal.

Por esta intermediación, se habrían cobrado a la ANSES comisiones del orden del 17% mientras que de acuerdo a fuentes del mercado asegurador las mismas no pueden superar el 3%. Esto además regía para todas las reparticiones del Estado.

La orden para esa contratación se estableció en la Resolución 2 /2021 del organismo previsional fue dada por quien era subdirector ejecutivo de operaciones del FGS, Lisandro Cleri, un dirigente cercano a Sergio Massa que luego dejaría su cargo para pasar a ser miembro del directorio del Banco Central de la República Argentina, como parte del reordenamiento de Gabinete tras la asunción de Sergio Massa en el Ministerio de Economía.

Quiénes son los denunciados en la causa de los seguros
En la causa fueron denunciados el ex director general de Operaciones del FGS Federico Alejandro Dangelo Campos/y otros funcionarios que podrían haber participado de maniobras delictivas.

El 2 de agosto pasado se dio a conocer la pericia judicial sobre el teléfono de María Cantero, la secretaria de Alberto Fernández y esposa de Héctor Martínez Sosa.

La información describe que a partir de los chats obtenidos Cantero y Martínez Sosa trabajaron en conjunto para obtener contratos con diversos organismos del Estado.

En uno de esos diálogos transcriptos por la justicia, Cantero le comentaría a su jefe, el entonces presidente Alberto Fernández que «están sacándole Cancillería a Hecky», y allí haría referencia a su esposo Héctor Martínez Sosa y además le explica que «están nombrando a otro productor». Fernández, según los chats filtrados, le habría respondido «ya me ocupo».

En Nación Seguros en los cuatro años del Gobierno de Alberto Fernández ejerció la presidencia el abogado Alberto Pagliano, un amigo de la juventud que lo acompañó cuando Fernández empezó, en la década del 90 en el Gobierno de Carlos Menen en el quebrado INDER y luego en la nueva Superintendencia de Seguros.

Desde allí Fernández amplió los negocios de sus amigos con el Estado en particular los de Martínez Sosa y otros brokers que integran la llamada «casta del seguro».

Hay un pasado común que también se remonta a los inicios de Alberto Fernández en Provincia Seguros, la compañía creada para ser la encargada de dar cobertura de seguros para el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires dentro del Grupo Bapro del que Fernández fue uno de sus presidentes.

Por ahora con las denuncias en su contra de violación de los deberes de funcionario público por el caso Nación Seguros y de violencia de género realizada por la ex primera dama Fabiola Yáñez, las conductas del ex Presidente han sumergido al kirchnerismo y al peronismo en una situación política inédita que no se sabe cómo terminará.

La misma fue desatada por uno de los tantos hechos de corrupción descubiertos en los primeros días del Gobierno de Javier Milei y denunciados por Pettovello.

Un hecho de corrupción que podría transformarse en uno de los más graves de la historia argentina y donde se habla de una defraudación al Estado por unos 5.000 millones de pesos en los tres últimos años.

La punta del iceberg fue el escándalo de Nación Seguros denunciado en conjunto por la ANSES, Nación Seguros y el ministerio de Capital Humano, pero por ahora no se sabe la profundidad del mismo.