viernes 17 de mayo de 2024 21:00:10

POSEE EN SU INFORME AL SENADO BRINDÓ DETALLES ACERCA DEL CIERRE DE DOS ORGANISMOS EL INCA Y EL INADI

El jefe de Gabinete, en el marco de su primer informe de gestión, detalló el presupuesto del instituto contra la discriminación y reveló que hubo producciones que tuvieron entre 1 y 4 asistentes

El jefe de Gabinete, Nicolás Posse, habló esta mañana en su primer informe de gestión y brindó detalles acerca del cierre de dos organismos durante la gestión de Javier Milei, como el Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).

“El INADI contaba con un presupuesto de 2800 millones de dólares al año, gastando 8 millones de pesos en alquiler con 400 empleados, pero tenía 7000 expedientes sin tramitar”, planteó el funcionario para justificar el cierre de la entidad pública, que se informó el último 22 de febrero a través del vocero presidencial Manuel Adorni.

Además, agregó que el Gobierno está “en contra de toda discriminación” pero, a su vez, informó que “aparentemente en este esquema de trabajo no era una urgencia”, al criticar los documentos no resueltos en el instituto. “Estamos eliminando todas las infraestructuras innecesarias, absorbiendo sus funciones en otras áreas del Estado”, sostuvo.

Luego se refirió a la Cultura, haciendo referencia puntual al INCAA y su importante aporte al sector. “Si bien tenía un ingreso proveniente del precio de las entradas y otros mecanismos, lo que generaba 12 millones de dólares al año, tenía un déficit adicional de 4 millones que solventaba el Estado Nacional”.

Y amplió: “Ya se implementó una reducción de 3800 millones de pesos en gastos, eliminando unidades operativas innecesarias“.

El jefe de Gabinete también se refirió al “comité de selección de los proyectos a financiar” que -en sus palabras- estaba conformado “por mucha de las personas que recibían esos financiamientos”. Y, además, sostuvo que “no había un límite de tiempo entre recibir un esquema de financiamiento y pasar al siguiente: esto generaba una cadena de beneficios para pocos”, enfatizó.

Luego se apoyó en datos acerca de las 176 películas financiadas por el INCAA e, irónicamente, habló del nivel de interés que generaron. “Dos de estas películas tuvieron 1 y 4 espectadores, en todos su tiempo de exhibición, y otra 5. Otras 12 películas no llegaron a los 100 espectadores, cien no alcanzaron los 1000 y, solo cinco, superaron los 6000 sin llegar a los 8000?, graficó.

Para ello, expresó que “hay sistemas muchos más eficientes y transparentes para trabajar en este tipo de cosas”. Y puso como ejemplo el sistema español. “Los beneficiarios de los apoyos no son parte del esquema de selección, hay una limitación de tiempo entre recibir financiación y pasar a la siguiente y, además, para demostrar que hay interés por parte de la sociedad, quienes hagan los proyectos tienen que traer un 50% de ese proyecto financiado por capitales privados”.

El Gobierno nacional había anunciado el 22 de febrero el cierre definitivo del INADI que respondía al ideal del presidente Javier Milei de reducir el tamaño del Estado y eliminar organismos que no generan beneficios directos para los argentinos.

El INADI, con una plantilla de 400 empleados y oficinas en todo el país, sería desmantelado debido a que, en palabras de Adorni, “no sirve absolutamente para nada” y se ha convertido en un espacio para el empleo militante.

El cierre del INADI se incluyó en un proyecto de Ley Ómnibus enviado al Congreso a finales del año pasado. Además, Adorni señaló que este tipo de institutos suelen estar dirigidos por funcionarios de dudosa idoneidad, y que no se continuará financiando lugares que absorben recursos públicos sin generar beneficios tangibles.

Asimismo, mencionó que el Gobierno inició actuaciones administrativas para el cierre, aunque el proceso podría realizarse ya sea a través de un decreto o mediante un nuevo proyecto de ley que requeriría la convalidación del Congreso.

El Gobierno había extendido la intervención de INADI por 180 días y designado a María de los Ángeles Quiroga como interventora. El INADI, creado en 1995 tras la sanción de la Ley 24515, comenzó a operar en 1997 y actualmente depende del Ministerio de Justicia.

Según un comunicado ministerial, se detalló que la superestructura del INADI no aseguraba una labor eficiente, evidenciando más de 7.000 expedientes sin resolución. Y, en los últimos dos meses, el Ministerio resolvió 2.000 de estos casos. Los empleados de la entidad serían trasladados al Ministerio dirigido por Mariano Cúneo Libarona.

El INADI, fundado en 1995 mediante la ley 24.515, cuenta con 43 delegaciones y empleados, cuyo número ha sido reducido de 430 a 355. El comunicado oficial subraya que las decisiones se deben a la necesidad de suprimir organismos con estructuras superpobladas que no cumplían con sus funciones legales y convencionales. Esta medida se enmarca dentro de una política de ajuste impulsada por la administración de Milei, que también incluye la suspensión de fondos fiduciarios considerados “cajas negras” de la política.

Por su parte, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), bajo la administración del gobierno de Javier Milei, anunció el cierre de varias de sus áreas y la suspensión de su personal hasta nuevo aviso. Este cambio se formalizó a través de la Resolución 62/2024, publicada en el Boletín Oficial.

Esta decisión implica una modificación en la estructura organizativa del INCAA, que opera bajo la órbita de la Secretaría de Cultura. Cuatro gerencias clave, incluidas Fomento, Fiscalización a la Actividad Audiovisual, Exhibición y Audiencias, y Asuntos Internacionales e Institucionales, se cerrarán o integrarán en otras áreas. Mientras tanto, las gerencias de Asuntos Legales, Administración y Finanzas, General, y de Políticas Públicas seguirán operando.

El INCAA defendió esta medida citando la crisis económica general y el importante déficit fiscal que atraviesa el país desde hace décadas. En una declaración oficial, se argumentó que la reestructuración busca crear un procedimiento más ágil y reducir costos presupuestarios. “La estructura de todo organismo debe entenderse en un sentido dinámico”, indicó el Gobierno, destacando la necesidad de adecuar la organización para cumplir eficazmente con sus responsabilidades primarias.