EL GOBIERNO AJUSTÓ MAS DE LA MITAD DEL GASTO EN LAS EMPRESAS PÚBLICAS

Previo al inicio del proceso de privatización, las empresas públicas soportan un feroz ajuste en los giros que reciben del Tesoro. A tal punto que compañías como Aerolíneas Argentinas, AySA, Administración General de Puertos o Arsat no recibieron un solo peso en el primer bimestre del año. En otros casos, como Correo Argentino, ferrocarriles y Corredores Viales, las transferencias fueron mínimas.

Según se desprende de números publicados por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) durante enero y febrero se giraron $300.634 millones. Este número podría parecer abultado, pero representa un recorte de la “motosierra” del 53% en términos reales comparado con el primer bimestre del año pasado y apenas llega al 3,1% del crédito vigente para este tipo de transferencias en 2024. De las 29 empresas públicas incluidas en el análisis, 18 recibieron menos transferencias en comparación al mismo período de 2023. De ahí la caída de más de la mitad del gasto. Por ejemplo, los giros a Aysa cayeron 98,4%, a Télam 61,6%, a Corredores Viales, 74,7%, entre otras.

De acuerdo con la OPC, que monitorea las transferencias que realiza el Tesoro a las empresas públicas, hay 10 compañías que no recibieron un centavo del Tesoro en estos dos meses. Ellas son Aerolíneas Argentinas, Administración General de Puertos (AGP); Dioxitek; Empresa Argentina de Navegación Aérea (Eana); Arsat; Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias; Intercargo; Nucleoeléctrica Argentina; Polo Tecnológico Constituyentes y Tandanor.

El Gobierno recortó más de la mitad de las transferencias a empresas públicas durante el primer bimestre del año, según la Oficina de Presupuesto del Congreso.
Por el contrario, Enarsa –la empresa energética más importante del país- encabeza el ránking con 178 mil millones que le giró el Tesoro en el primer bimestre, concentrando así casi el 60% de las transferencias totales a empresas públicas. Aun así, estos recursos significan un 45,3% menos en términos reales que el mismo período del año pasado. En segundo lugar se ubicó Operador Ferroviario, que absorbió el 27,1% de esas partidas. La caída en el gasto en empresas públicas se entiende a partir del dato que muestra que 26 de las 29 compañías no recibieron fondos o el Gobierno les envió menos dinero.

Las excepciones fueron Educ.ar, Ferrocarriles Argentinos y Fadea. La primera es una empresa dedicada a fomentar la innovación tecnológica educativa; las transferencias a ella aumentaron porque en los dos primeros meses del año pasado, la gestión del expresidente, Alberto Fernández, no le había girado fondos y el de Javier Milei unos $242 millones. Según le explicó a LA NACION una fuente vinculada al Ministerio de Educación, entonces dirigido por Jaime Perczyk, la falta de giros se debió a “un remanente que había quedado” de 2022.

En el caso de Ferrocarriles Argentinos, el holding estatal que administra la red de trenes, la gestión Milei le transfirió $188 millones mientras que en el mismo período del año pasado no recibió fondos del Gobierno. Una fuente vinculada al exministerio de Transporte durante la gestión massista dijo  que la empresa “ya cumplía sus metas” y por eso no absorbió transferencias.

La oposición, si bien coincide en que la poda es necesaria y está de acuerdo en que buena parte de las compañías sean privatizadas, advierte que este corte abrupto en los giros por parte del Tesoro, sobre todo aquellos destinados a bienes de capital e infraestructura, podría terminar descapitalizando las empresas que el Gobierno quiere vender.

Según trascendió de la nueva versión de la ley de bases, cuyo envío al Congreso sería inminente, el Gobierno propone declarar sujetas a privatización a Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina (Enarsa) y Radio y Televisión Argentina. Asimismo, también propone privatizar o bien concesionar otro lote de empresas, entre ellas AySA; Correo Argentino; Belgrano Cargas y Logística; Sociedad Operadora Ferroviaria (Sofse); Corredores Viales y Yacimiento Carbonífero Río Turbio.

Por presión de la oposición, el Gobierno accedió a excluir del listado a las empresas Nucleoeléctrica Argentina, al Banco Nación (y todas las firmas del grupo Nación) y ARSAT. Estas tres compañías sólo podrán ser privatizadas parcialmente debiendo el Estado Nacional mantener la participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias.

Hasta tanto avancen los eventuales procesos de privatización, todas las compañías del Estado continuarán bajo la órbita del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, en quien el presidente Javier Milei delegó amplias facultades para nombrar y remover directores, definir los gastos, los planes de inversión y las transferencias del Tesoro hacia las compañías de capital estatal, entre otras funciones. La orden fue clara: bajar el déficit y avanzar con las privatizaciones.