MALESTAR EN LAS FUERZAS ARMADAS POR LA ORDEN PARA QUE SE INVOLUCREN EN LAS OPERACIONES ANTI NARCO EN ROSARIO

Los militares van a cumplir con lo que el ministro de Defensa, Luis Petri, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Xavier Isaac, les ordene para que las Fuerzas Armadas se sumen al recién creado Comité de Crisis para enfrentar la violencia narco en Rosario.

Pero entre los uniformados impera un fuerte malestar y una importante inquietud por la situación de tener que verse involucrados en la guerra contra el narco terrorismo que azota la emblemática ciudad. Nunca les gustó, y menos ahora que el escenario está cada vez peor y porque la situación salarial y laboral no es buena entre los uniformados.

Fuentes oficiales buscaron minimizar la molestia militar que impera señalando que las críticas provienen de sectores castrenses contrarios al gobierno de Javier Milei.

Pero según pudo saber este diario de muy altas fuentes, la situación es la contraria y hasta hubo un planteo de varios generales a Petri e Isaac, de que no quieren a ninguno de sus uniformados tocando a “a un solo civil” en Rosario ante el inminente envió de efectivos y equipamiento militar a Santa Fe para luchar contra las bandas criminales.

La ministra de Seguridad calificó la ola de crímenes en la ciudad santafesina como «acciones de terrorismo», y adelantó que enviarán a las Fuerzas Armadas conforme a la Ley de Seguridad Interior.

Se espera que Petri y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich den los detalles de los operativos del nuevo Comité de Crisis, en una conferencia de prensa, este lunes. Estarán el gobernador Maximiliano Pullaro, el intendente Pablo Javkin y autoridades nacionales como el Prefecto General Guillermo Giménez Pérez.

Petri y Bullrich vienen asegurando que el accionar de los militares en Rosario junto a las fuerzas de seguridad estará enmarcado dentro de la ley de Seguridad Interior, mientras que el equipo del ministro trabaja en la elaboración de un nuevo decreto que cambie las reglamentaciones de la ley de Defensa para que las Fuerzas Armadas puedan entrar en acción en el combate a enemigos externos que no sean sólo estatales. Y además para que sean destinadas también a vigilar los llamados «objetivos estratégicos».

Al momento el articulo 27 de la Ley de Seguridad Interior indica que el Ministerio de Defensa “dispondrá en caso de requerimiento del Comité de Crisis, que las fuerzas armadas apoyen las operaciones de seguridad interior mediante la afectación o solicitud del mismo, de sus servicios de arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, construcciones y transporte, así como elementos de ingenieros y comunicaciones”. Será el Estado Mayor Conjunto el que coordine esta decisión.

Sin embargo, a los militares de la democracia no les gusta que los involucren en el accionar de las fuerzas de seguridad, e incluso no están preparados para muchos de los operativos en los que la PFA, la Gendarmería o fuerzas especiales de Seguridad son expertos. Pero además, no quieren disparar un solo tiro hacia los criminales y tampoco que sus efectivos se conviertan en blanco de los mismos.

Vale recordar un hecho durante el gobierno de Alberto Fernández, quien tuvo la idea de usar a los militares para imponer orden y velar por la seguridad interior cuando se iba a desplegar a nivel masivo el plan nacional de vacunación contra el COVID. Entonces, el ex jefe del Estado Mayor Conjunto, Juan Martín Paleo, se le plantó al ex ministro de Defensa Agustin Rossi y le dijo que eso no lo iban a hacer.

La violenta situación en Rosario es distinta y el clima social de los libertarios -así se observa en las redes- es la de usar a las Fuerzas Armadas al máximo contra el combate al narcoterrorismo. Por eso la presión es doble.

Sin embargo, el disgusto en las fuerzas es creciente porque por empezar, todavía el gobierno actual no empezó a pagarles la equiparación de los sueldos con los de las fuerzas de seguridad, como se dispuso el año pasado.

Luego, hay cuestiones que también están generando fricción. Además de que Economía les redujo el presupuesto para el Fondo Nacional de la Defensa (que tampoco el gobierno anterior utilizó para lo que se debía, que era equipamiento), el jefe del Ejército, Carlos Alberto Presti, enfrenta un fuerte enojo porque quiere comprar vehículos Stryker a los Estados Unidos en lugar de los Guaraní a Brasil, que ya estaban comprometidos. La molestia de la fuerza de tierra, que debe ir a Rosario, es entonces por partida triple.