POR QUÉ LAS PROVINCIAS TIENEN QUE ELEGIR ENTRE EL AJUSTE Y LAS CUASIMONEDAS

Javier Milei se jacta de haber sido el primer presidente elegido que prometió en su campaña un ajuste, por eso no sorprende que en sus primeros meses de presidencia lleve adelante esa promesa en su programa económico. Pero el alcance de sus medidas no sólo afectan a la estructura del Ejecutivo nacional, sino a toda la economía, incluidas las economías provinciales.

El problema es que ningún gobernador prometió algo semejante para sus provincias y, a pesar de que muchos mandatarios provinciales son conscientes de que el ajuste es inevitable, la disputa federal por los recursos amenaza con ser una importante piedra en el zapato para la estrategia de Gobierno nacional.

Es cierto que muchos de los problemas son de larga data, como la disputa por la coparticipación federal de impuestos, pero en las últimas semanas se sumaron, además de los recortes en las transferencias a las provincias, los cambios impositivos en marcha y una recesión que amenaza con derrumbar los ingresos fiscales general, un nuevo decreto del Poder Ejecutivo Nacional prohíbe a las provincias endeudarse con los bancos provinciales.

El anuncio lo realizó el día de ayer el vocero Manuel Adorni en el que aclaró que lo que hará el Gobierno es no prorrogar la autorización que tenían las provincias desde 2019 para pedirle dinero a sus bancos para pagar salarios por fuera del cupo establecido para el financiamiento de esos bancos a los fiscos provinciales. De esta manera, las provincias pierden una fuente de financiamiento para afrontar un contexto difícil en varias provincias.

Finalmente, la ecuación tiene escasas alternativas. La primera es la que el Gobierno nacional impulsa, el ajuste. La segunda es conseguir nuevos ingresos, como los que puede proveer una coparticipación de impuestos más jugosa. La tercera es el endeudamiento, aunque con los mercados de crédito internacional cerrado desde hace años para la Argentina y la nueva medida del BCRA, el único camino es emitir cuasimonedas, es decir, bonos de deuda que tendrán los pobladores de la provincia que lejos de generar intereses, lo más probable es que pierdan valor rápidamente.

La alternativa de las cuasimonedas
Hace unos días, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, anunció e hizo aprobar en el parlamento provincial la emisión de la primera cuasimoneda en años. Se trata de los Bonos de Cancelación de Deuda (Bocade) en una emisión por $22.500 millones para pagar el 30% de los salarios de los empleados públicos que se podrán usar para pagar impuestos, bienes y servicios.

No se trata de una solución original, ya que hace recordar a los años finales de la convertibilidad cuando bocones, patacones y lecop eran las alternativas para financiar gasto público, pero si de una novedad en esta etapa de la historia argentina.

Diversos mandatarios provinciales, como el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ya coquetean con la idea y es posible que si las restricciones presupuestarias continúan haya novedades al respecto.

Esta realidad golpea principalmente a las provincias menos sólidas fiscalmente, particularmente a las que tienen componente muy alto de empleo público, un problema histórico de provincias con un alto subdesarrollo en actividades productivas, sobre todo de tipo industrial.

Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja. NA
La disputa por el impuesto a las ganancias y la coparticipación
Una de las últimas leyes votadas en el Congreso durante la gestión de Alberto Fernández, a instancias el ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa, fue el cambio sustancial en la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, que grava a los altos salarios. Un impuesto coparticipable, que quedó reducido a una mínima expresión ya que casi 800.000 personas dejaron de pagarlo desde enero de este 2024.

El mismo presidente Milei fue uno de los que voto a favor de ese cambio cuando era diputado nacional, sin embargo, desde su llegada a la presidencia, los gobernadores comenzaron a presionar para que se les devuelvan esos recursos y el libertario accedió en las últimas horas a buscar una alternativa.

Por ello, el Poder Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto de ley para crear un impuesto a los ingresos personales que reemplazaría a la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias que fue derogado. El tributo alcanzará a los salarios a partir de los $ 1,3 millones aunque en un principio el Gobierno había dejado saber que sería de $2,3 millones. Por Sergio Lanzafame.Fte.mdz