LEY ÓMNIBUS: EL PRESIDENTE QUIERE DAR POR CERRADAS LAS NEGOCIACIONES PARA LOGRAR LA MEDIA SANCIÓN ENTRE MIÉRCOLES Y JUEVES

“Puede suceder cualquier cosa”, resumió una fuente oficial de la Casa Rosada, al referirse al desenlace que tendrá la demorada Ley Ómnibus, que está tardando más de lo que tenía previsto el Gobierno, el cual confía en que se pueda votar el jueves próximo, luego del paro convocado por la CGT.

Esa sensación de incertidumbre es la misma que tienen varios de los principales dirigentes de La Libertad Avanza que, de una forma u otra, estuvieron trabajando a lo largo de toda esta semana para tratar de acercar posiciones con la oposición, con el objetivo de obtener el dictamen que permita debatir el asunto en el recinto.

Luego de varias conversaciones con los jefes de los bloques “dialoguistas”, las autoridades nacionales presentaron una última propuesta con modificaciones en decenas de artículos del proyecto original y se la entregaron a los distintos espacios.

Los ministros defendieron el proyecto en las reuniones de comisiones (Franco Fafasuli)
Como objetivo inicial, se había planteado al viernes último como fecha límite para conseguir el dictamen para, de esa manera, poder sesionar el lunes, que la iniciativa obtuviera la media sanción y sea enviada inmediatamente al Senado, donde el proceso legislativo es más largo.

Sin embargo, con el correr de los días, esa meta se fue diluyendo y ya el miércoles varios de los funcionarios involucrados en el asunto reconocían que no tenían los votos necesarios, ya que la parte de la oposición más cercana al oficialismo se manifestó en contra de varios aspectos de la ley.

Así, comenzó un circuito entre la Casa Rosada y el Congreso por el que iban y venían constantemente representantes del Poder Ejecutivo que escuchaban y tomaban nota de los reclamos de los diputados, consultaban con los ministros y volvían luego con una respuesta formal.

Este mecanismo, no obstante, generó un malestar en algunos referentes del resto de los partidos, que consideraron que el hecho de no tener a un enviado de Presidencia con autoridad suficiente como para resolver las diferencias en el momento, perjudicó el diálogo y atrasó el tratamiento del paquete de proyectos.

Puntualmente, la Unión Cívica Radical (UCR), Hacemos Coalición Federal, el PRO e Innovación Federal, los bloques más cerca de dar dictamen, pedían cambios en la reforma de la movilidad jubilatoria, en las retenciones a las industrias de las economías y en los poderes extraordinarios que se le otorgaría al Gobierno.

Asimismo, expresaron diferencias respecto de la iniciativa para adoptar un sistema de circunscripción uninominal y actualizar la cantidad de diputados nacionales, lo cual, curiosamente, tenía el visto bueno del kirchnerismo, que incluso analizó votar a favor de ese apartado, cosa que no iba a poder hacer si finalmente, como se prevé, emite un dictamen propio rechazando todo.

Esta reforma política quedó, en definitiva, fuera de la propuesta final, al igual que el gravamen a las economías regionales, aunque se mantienen intactos los que se cobrarán por las imposiciones tributarias a la soja y el trigo.

En la Casa Rosada evitaron hablar de “negociaciones” con la oposición y preferían llamar a las modificaciones del paquete “consideraciones” que tomaron para “mejorar la ley”, al señalar que “no se trató de un intercambio de favores, como pasaba antes”.

“En muchos casos, por ejemplo, se trató solamente de cuestiones de redacción que podían dar lugar a múltiples interpretaciones de la norma. Se escuchó, se tomó nota y se corrigió lo que correspondía”, explicó una fuente cercana a los protagonistas.

Mientras Milei y la comitiva oficial estaba en pleno viaje de regreso a Buenos Aires, tras la participación del mandatario nacional en el Foro Económico de Davos, el ministro del Interior, Guillermo Francos, que es el principal integrante político del Gabinete, y el asesor Santiago Caputo, se dirigieron a la Cámara de Diputados.

En el despacho del presidente del recinto, Martín Menem, los tres recibieron, por turnos y a cada uno por separado, a los líderes de la UCR, del PRO y de Hacemos Coalición Federal, a quienes les anticiparon el “proyecto del dictamen”.

Así las cosas, la posibilidad de reunirse en comisión este sábado quedó descartada, ya que varios de los legisladores regresaron a sus provincias, y recién a principio de la semana próxima podría haber una definición al respecto.

Ahora, dirigentes de La Libertad Avanza explicaron a este medio que el nuevo objetivo es lograr un plenario de comisiones el martes y, si bien podrían convocar a votación para el día siguiente, como se va a realizar el paro y la movilización de la CGT, consideraban mejor esperar a que eso ocurra y sesionar directamente el jueves.

Esto enterraba la intención de que el Senado pueda sancionar la ley antes de que finalizaran las sesiones extraordinarias, que estaban fijadas originalmente hasta el 31 enero, ya que no daban los tiempos parlamentarios para que eso ocurra. Por eso, a última hora del viernes, el Ejecutivo anunció que prorrogaba el plazo hasta el 15 de febrero.

El bloque que conduce Miguel Ángel Pichetto, clave en las negociaciones
Ya con las negociaciones terminadas, el oficialismo se encuentra a la espera de lo que sucederá, aunque confiado en que tienen los votos necesarios como para, entre el lunes y el martes, sacar un dictamen de mayoría y llevar la discusión al recinto.

En el interior de La Libertad Avanza, en tanto, la semana que pasó dejó algunas rispideces, principalmente entre los sectores más dialoguistas, en el que se destaca el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y otros que consideraban que era mejor tener una postura más inflexible.