LA PELEA CON LOS PIQUETEROS: EL GOBIERNO REFORMULA EL MAYOR PLAN SOCIAL Y LO DIVIDE EN TRES ÁREAS

En el Gobierno ya hay un plan para reformular el esquema general de los planes sociales. El Potenciar Trabajo, que cobran 1.200.000 personas y consume casi un punto del PBI, dejará de existir en los términos actuales. En los próximos meses cambiará de nombre y se atomizará en al menos tres secretarías de Estado; Niñez y Familia, Trabajo y Educación, todas dependientes del superministerio de Capital Humano que maneja Sandra Pettovello.

El proyecto demoraría por lo menos tres meses. Es el tiempo que llevaría completar y procesar una nueva auditoría sobre el universo total de beneficiarios de los cuales el 50 por ciento vive en el AMBA y el restante se reparte en 22 provincias. “Con los planes sociales nadie salió de la pobreza”, diagnostican en el flamante gabinete de Javier Milei.

Durante la campaña, Sergio Massa empujó el decreto presidencial 565/2023 para trasladar el universo completo de planes desde el ministerio de Desarrollo Social al de Trabajo a partir del 1 de enero. La idea significaba el regreso a la política social que el peronismo ejecutó desde 2002 a 2009, cuando Cristina Kirchner (tras la derrota en las legislativas) creó el Argentina Trabaja. Macri envió los programas que aún quedaban en Trabajo a Desarrollo Social y renombró el programa bajo el paraguas institucional de Hacemos Futuro y el Salario Social Complementario que sancionó por unanimidad el Congreso en 2016. Alberto Fernández reestructuró esos programas bajo el paraguas institucional del Potenciar Trabajo, que administró durante esa gestión el jefe del Movimiento Evita, Emilio Pérsico.

Hoy ambas dependencias fueron reconvertidas en secretarías. En el Gobierno advirtieron que habrá una prórroga de 90 días. Mientras tanto, el universo total de planes quedará bajo la órbita de la secretaría de Niñez y Familia que conduce Pablo de la Torre. La cartera laboral, a cargo de Omar Yasin, supervisará, cuando la auditoría esté finalizada, a los trabajadores de las cooperativas y particulares informales. Cuando se implemente la reestructuración que diagraman en el Ejecutivo los beneficiarios que no terminaron sus estudios deberán privilegiar la finalización de los mismos para cobrar el beneficio que -hasta ahora- equivale a la mitad del salario mínimo. Ese segmento sería monitoreado por la secretaría de Educación a cargo de Carlos Torrendell.

El Gobierno pretende licuar la intermediación de las organizaciones sociales que controlan miles de cooperativas que funcionan como unidades de gestión donde los beneficiarios prestan sus contraprestaciones para cobrar el beneficio. Suspendió los controles de asistencia de los movimientos sobre las mismas y potenció la ayuda estatal directa con el aumento del 50% de la tarjeta Alimentar y el 100% de la AUH (un derecho comparable al de las asignaciones familiares que paga ANSES).

En el Ejecutivo calculan que el 80 por ciento de los planes hoy son controlados por los movimientos sociales, con el Evita a la cabeza. Según sus cálculos, el 20 por ciento está en manos de provincias y municipios. En el Gabinete no descartan transferir la administración de los programas a los gobernadores e intendentes que las reclaman y recelan históricamente del poder territorial y los recursos de las orgas.

Los movimientos sociales del peronismo y los piqueteros de izquierda reclaman que Pettovello los atienda y ya anunciaron -también el Polo Obrero- que marcharán el miércoles con la CGT el en contra del DNU. El ex ministro de gobierno y secretario general de San Miguel Héctor Calvente, que no ocupa ningún cargo formal en el Gobierno, ya recibió el pedido a Eduardo Belliboni para que agilice el envío de comida a los comedores y cajas navideñas. En los depósitos del ex ministerio de Desarrollo Social ya no quedan alimentos.

Antes de avanzar con la reformulación integral del Potenciar, que cambiará de nombre, el Ejecutivo avanza con la auditoría para conocer los ingresos familiares de los hogares de los beneficiarios. En el Gabinete piensan en un entrecruzamiento de todas las bases de datos del Estado disponibles a través del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social y de ANSES. “Podemos privilegiar la ayuda a quienes la necesitan en vez de repartir 6 millones de toneladas de comida a los mismos de siempre”, apuntan en el Gabinete.

A pesar de las auditorías que ordenó Juan Zabaleta, primero, y Victoria Tolosa, después, en el Gobierno destacan que nadie sabe cuál es la suma que se percibe en cada hogar en concepto de Tarjeta Alimentar, el Potenciar Trabajo, becas educativas y ayudas de los Estados provinciales y municipales, además del la AUH.

Autoridades nacionales en la materia pretenden replicar el Registro Social de Hogares que funciona en Chile. “De ese modo podríamos personalizar la ayuda y enviar lo necesario a esas casas, desde alimento a enfermeros. Incluso podríamos ayudar a más gente que la que hoy cobra el Potenciar”, sostienen.

Aunque el ministro de Economía Luis Caputo anunció el congelamiento de los planes, en el Gobierno destacan que si optimizaran los recursos, la ayuda social podría llegar a 3 millones de argentinos. El Gobierno solo habilitó el pago de un bono de $10 mil en diciembre. Destacan que en el país hay un millón de personas bajo la línea de la pobreza que no cobran ningún beneficio social.

En el Gabinete hablan de profundizar el relevamiento sobre los comedores y merenderos populares para que las compras del Estado no sean repartidas de manera discrecional por los referentes de las organizaciones sociales que administran los establecimientos.

El Gobierno piensan en aplicar tecnología para fiscalizar cuántos argentinos comen en cada comedor a través del código de barra de los DNI. Planean optimizar la creación del registro nacional de comedores que Daniel Arroyo ordenó crear en medio de la pandemia. Ex ministros del área social y organizaciones hablan de 10 mil comedores a los que diariamente recurren en promedio más de 8 millones de argentinos, un número que durante la cuarentena llegó al récord de 11 millones.

La Casa Rosada tensiona con las organizaciones sociales a las que pretende facturarles el costo del operativo de la marcha del miércoles en la que debutó el protocolo antipiquetes, que calcularon en $60 millones.

En el área social del Ejecutivo, en tanto, analizan cómo respaldar a los 815 beneficiarios que denunciaron con nombre y apellido a la línea 134 (en la cual se recibieron 11 mil denuncias) a los supuestos punteros políticos de las agrupaciones a los que acusan de presionarlos para asistir a marchas o pedirles retornos de la asistencia social que reciben.