LA OPOSICIÓN RECLAMA SUSPENDER EL ACARREO DE AUTOS EN LA CAPITAL POR OPERAR 20 AÑOS CON UN CONTRATO VENCIDO

El polémico acarreo de Buenos Aires, que hace 30 años está en manos de las mismas dos empresas, volvió a quedar en discusión. La oposición porteña se reunió esta semana para intentar cancelar el servicio que considera irregular, porque el contrato original está vencido hace dos décadas pero además porque, en lugar de dejarle un beneficio al gobierno, la concesión le genera pérdidas.

El legislador Juan Manuel Valdés (Frente de Todos) convocó a una sesión extraordinaria para el jueves con la finalidad de dar de baja el acarreo hasta que esté en funcionamiento el nuevo sistema, que el gobierno porteño ya diseñó y espera poner en marcha hacia fin de año.

La propuesta del kirchnerismo enseguida sumó adherentes entre las filas opositoras hasta llegar a las 28 firmas; sólo faltan tres apoyos más para lograr el quórum propio en la Legislatura, un número que le permitiría aprobar la cancelación del servicio.“Queremos evitar una nueva prórroga a un servicio que opera en la ilegalidad desde hace 20 años. Los porteños merecemos un servicio transparente y que trabaje para mejorar el tránsito y no para recaudar a expensas de los ciudadanos”, aseguró Valdés.

El consenso de la propuesta alcanzó, además del kirchnerismo, a bloques que ideológicamente están en las antípodas. Apoyaron el proyecto los referentes de La Libertad Avanza, el partido de Javier Milei, pero también el Partido Obrero y el peronista Consenso Federal, representado por el legislador Eugenio Casielles, clave en las negociaciones.

La llave para conseguir los tres votos que faltan está en manos de los bloques de la Coalición Cívica y Republicanos Unidos, el partido de Ricardo López Murphy, ambos aliados del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. “Esperamos que se sumen más bloques, porque en privado todos reconocen que esto no puede seguir así”, agregó Valdés.

Desde la CC, sin embargo, aseguran que la clave del problema está, por un lado, en acelerar la licitación que ya está en marcha para implementar el nuevo servicio y, por otro lado, investigar por qué a estas dos empresas se les permitió operar el servicio junto con el negocio de los parquímetros con apenas un canon mensual de $55.000 congelado desde 2014 hasta la actualidad.

“Vamos a presentar un proyecto de ley para que el Poder Ejecutivo no tenga posibilidad de prorrogar el servicio con estas dos empresas a partir de los 90 días de realizada la adjudicación de la nueva licitación”, adelantó el legislador porteño Facundo Del Gaiso. Y agregó que presentará un pedido de informe para que el gobierno explique por qué se les permite operar con contrato vencido a estas empresas desde hace dos décadas.

El nuevo acarreo porteño

Luego de que se revelara que las empresas a cargo del acarreo de autos mal estacionados sólo pagan $55.000 al gobierno porteño, este viernes se conoció el llamado a licitación para renovar el sistema que estaba a cargo de Dakota SRL y BRD Sociedad Anónima, Industrial, Comercial, Financiera e Inmobiliaria (SAICFI), quienes operan el negocio con el contrato vencido desde hace 21 años.

Según informó la Ciudad de Buenos Aires en un comunicado, la nueva licitación plantea un plazo de operación de 10 años de duración. Además “prevé la renovación y ampliación de playas operativas, la compra de nuevos vehículos y la modernización de equipos e instalaciones”, aseguraron.

Una modificación que introduce es que licita únicamente el servicio de acarreo, sin incluir los parquímetros o estacionamiento medido, como funcionaba antes. Cada servicio pasa a tener prestadores diferentes y reglas específicas para cada actividad. Otro cambio con el sistema actual es que las prestadoras recibirán un pago mensual por el servicio ofrecido, mientras que la Ciudad percibirá el monto que deben pagar los autos indebidamente estacionados en reparación de su infracción.

“Este llamado a licitación fue postergada por distintos amparos luego de 6 intentos de renovación en la Legislatura, mediante diferentes leyes que fueron aprobadas desde 2013?, aclaró el gobierno porteño.

Por otro lado, la cobertura no estará limitada a las zonas actuales sino que se podrán resolver situaciones de convivencia vial en todos los barrios. El territorio estará dividido en zona oeste, zona norte y zona sur y cada una contará con 2 playas de acarreo.

La investigación

La licitación se conoce luego de la investigación de este medio, que reveló que la concesión del acarreo en la Ciudad de Buenos Aires esta en manos de Dakota SRL y BRD Sociedad Anónima, Industrial, Comercial, Financiera e Inmobiliaria (SAICFI), dos empresas que operan el negocio con el contrato vencido desde hace 21 años.

A cargo de los acarreos desde 1990, estas empresas le pagan al gobierno porteño un canon mensual de sólo $55.000 cada una para operar el servicio, según le confirmaron a Infobae fuentes oficiales. El monto está congelado desde 2014 y esa cifra también incluía la concesión de los viejos parquímetros y máquinas tickeadoras para el cobro del estacionamiento medido.

Toda la recaudación por levantar autos en infracción son ingresos para BRD y Dakota, empresa que no presentó balances ante la Inspección General de Justicia (IGJ) en los últimos 4 años, según se corroboró . En 2021, fueron 125.000 los acarreos realizados por estas dos concesionarias, lo que elevó su facturación a $547 millones, según el cálculo en base a datos oficiales y el costo del acarreo el año pasado. Sin embargo, el gobierno porteño apenas recibió $1,3 millones de esos fondos, el 0,2%.

Dakota y BRD ganaron la primera licitación en 1990, por diez años. El pliego de ese concurso permitía que las empresas continuarán con el servicio tras finalizar el contrato de concesión. El gobierno porteño continuó los contratos vencidos en 2001, a través de sucesivas Actas Acuerdo y Permisos de Uso Precario que fueron observados por la Auditoría de la Ciudad.

Una década después del vencimiento, en 2011, la Legislatura modificó el Código de Transporte y puso plazos para una nueva licitación que estaría a cargo del Ejecutivo porteño. Ese plazo, originalmente de un año, se prorrogó en 2012, 2013, 2016, 2018 y 2020 por la Legislatura con mayoría del oficialismo local. Fte.i