ARGENTINA SE ENCAMINA A UN NUEVO DEFAULT DIJO UNO DE LOS ENEMIGOS DEL MENTOR DEL MINISTRO GUZMÀN

“La deuda pública argentina es insostenible. Antes que perder dos o tres años más y caer en un nuevo, desordenado y económica y socialmente destructivo default soberano, debería ser inmediatamente restructurada. Y los USD 40.000 millones que la Argentina le debe al Fondo de su fallido stand-by número 21 (el de 2018) debería ser incluido en ese proceso”.

Así de contundente es Willem Buiter, economista y profesor de la Universidad de Columbia, donde también enseña Joseph Stiglitz, el mentor académico del ministro argentino Martín Guzmán.

Buiter escribió en Project Syndicate, un prestigioso portal de notas de análisis y opinión, que “la Argentina está a punto de entrar en otro acuerdo stand-by disfuncional con el FMI”, el número 22 desde que se incorporó en 1956 al organismo, y que aunque aún no se conocen todos los detalles, ya se sabe que será disfuncional “porque no habrá una restructuración frontal de su deuda pública”.

El economista es muy crítico del crédito concedido por el FMI al gobierno de Mauricio Macri en 2018 y cree que el Fondo y el actual gobierno se aprestan a repetir el error de entonces, de no reconocer la insostenibilidad de la deuda. Pero a diferencia del gobierno de Alberto Fernández, no limita su observación a la deuda con el FMI, sino que se refiere a la deuda pública total.

Según el más reciente informe del ministerio de Economía, al 31 de enero pasado la deuda pública total de la Argentina equivale a USD 363.000 millones y aumentó USD 31.000 millones el último año. De ese total, poco más del 69% (USD 252.000 millones) es en moneda extranjera, el 18% en pesos ajustables por inflación y el 13% en pesos, pero en buena parte atada al dólar (dollar linked). De resultas, los poco menos de USD 41.000 millones que actualmente el país le debe al FMI equivalen al 16,3% de la deuda en moneda extranjera y al 11,3% de la deuda total

Según Buiter, la (in)sostenibilidad de la deuda pública es el talón de Aquiles de la Argentina. La deuda bruta total, estima, pasó de 57% en 2017 a 82,5% cuando se acordó el crédito de 2018, a 88,7% en 2019, cuando fue suspendido, y a 102,8% en mayo de 2020, cuando el país entró en el noveno default con los acreedores privados. El ratio, estima, alcanzó el 107% del PBI a fines de 2021, punto de partida que considera para el nuevo acuerdo mucho peor que el del acuerdo pasado.

“No hay razones para el optimismo sobre los motores internos y externos del crecimiento en los próximos años: el escenario financiero internacional empeorará a medida que la Fed y otros bancos centrales suban las tasas de interés para absorber la expansión monetaria de los últimos años y un crecimiento global más lento pese sobre el precio de los commodities y los ingresos por exportación”, remarca Buiter.

Según Buiter, antes que un nuevo programa a la Argentina habría que requerirle “una radical restructuración de la deuda pública, que reduzca la deuda bruta del Gobierno de más de 100% a no más del 60% del PBI. y el FMI debe sufrir el mismo recorte que los demás acreedores”

En ese contexto y por lo que se sabe hasta ahora, prosigue, el Banco Central (BCRA) debe reducir su asistencia al Tesoro de 4,6% del PBI en 2021 a casi cero en 2024. La noción de que el mercado cubrirá la brecha resultante luce descabellada, dice, y resalta que en línea con el acuerdo, para combatir la inflación, hoy arriba del 50%, y defender el valor del peso, las tasas de interés reales deben ser positivas este año, lo que a su vez impactará negativamente la actividad económica.

Insostenible

“La deuda argentina es por lo tanto insostenible”, concluye Buiter. Mejor que un nuevo programa, argumenta, a la Argentina habría que requerirle “una radical restructuración de la deuda pública, que reduzca la deuda bruta del Gobierno de más de 100% a no más del 60% del PBI. Y el Fondo debe sufrir el mismo recorte que los demás acreedores”. De hecho, el título de la nota es “Un corte de pelo (haircut, término de uso financiero) argentino para el FMI”.

La crítica de Buiter es casi un calco de la que Guzmán hace del acuerdo de 2018. El profesor de Columbia recuerda que los programas de “acceso excepcional” del FMI deben satisfacer cuatro criterios: una gran necesidad financiera del balance de pagos del país recipiente, una deuda pública sostenible, la posibilidad de recuperar acceso a los mercados de crédito privados y capacidad política e institucional para comprometerse e implementar un programa.

Según Buiter, en 2018 el gobierno de Macri satisfacía solo el primer requisito (un gran déficit de balanza de pagos) y ninguno de los demás. Lo mismo ocurre ahora, y el punto de partida es peor. Cuando Macri recibió el crédito de 2018 llevaba dos años y medio de gobierno “y claramente carecía de la capacidad política e institucional para lograr los ajustes macroeconómicos y las reformas estructurales necesarias, por no hablar de las políticas de protección social y de género incluidas en el programa”, escribe Buiter. Y agrega: “de modo similar, la actual presidencia de Alberto Fernández, que ha estado en el gobierno por dos años, no ha mostrado ningún signo de ser capaz de implementar las reformas necesarias”.

Esos señalamientos coinciden con los que dos ex representantes argentinos en el directorio del FMI hicieron recientemente a Infobae: al igual que en 2018, el FMI està aplicando un criterio «polìtico» para acordar un ncrèdito y un programa al que en otrascircunstancias no se avendrìa.

Irreductible en sus análisis, Buiter es el mismo que hace pocas semanas, también desde Project Syndicate, criticò fuertemente el texto wue dìas atràs habìa publicado su colega Stiglitx ponderando el supuesto «milagro argentino» del Covid. Junto a su esposa, la también economista y académica Anne Sibert, Buiter ya había entonces señalado que, lejos de protagonizar un “milagro”, la Argentina “va camino a otro desastre económico”, enmarcado el “rebote” del PBI en 2021 en la recesión de 2020 y alertado que una inflación superior al 50% anual “no es sostenible económica, social, ni políticamente” y que “reducirla exige austeridad fiscal, lo que implica atravesar un período de crecimiento inferior al potencial y mayor desempleo”. El costo económico y social de reducir la inflación suele ser más bajo con autoridades creíbles, pero este, advirtieron entonces Buiter y Sibert, “no es el caso de la Argentina”, cuyo actual gobierno, aun con “controles rígidos de capital y del tipo de cambio” no logró contener la pérdida de reservas netas del BCRA. Fte. Identidad Correntina