EL SENADOR PARRILLI CONVOCÓ A UNA URGENTE REUNIÓN PARA MODIFICAR LA FORMA DE ELECCIÓN DEL PROCURADOR

Luego de conocerse públicamente las recomendaciones de la comisión de juristas que convocó el presidente Alberto Fernández, el kirchnerismo quedó “liberado” para avanzar sobre una de las recomendaciones que de hecho era el plan de la Vicepresidenta en el Senado: acortar a cinco años el mandato del Procurador General y bajar la mayoría requerida para su designación. Lo que aún se discute, y sería definitorio, es el mecanismo de remoción.

Cómo se acuerde el dictamen en este sentido (si se modifica el mecanismo de juicio político por una mayoría absoluta de 37 senadores) podría ser determinante para la postulación de Daniel Rafecas, ya que la mayoría de los juristas que pasaron por la comisión de Legislación Penal de la Cámara Alta consideran que en ese caso quien asuma como jefe de los fiscales estaría muy condicionado.

Tal como reveló, el oficialismo aprovechará un proyecto presentado por un aliado circunstancial como el ex gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, que integra la comisión presidida por Parrilli. El texto modifica los dos tercios exigidos en la actualidad por una mayoría absoluta, es decir, baja a la mitad más uno la cantidad de votos necesarios en el Senado. De ser así, el oficialismo tendr+ia número para designar al procurador, ya que solo el bloque del Frente de Todos esta integrado por 41 senadores.

El senador de Juntos Somos Río Negro, que en su momento presentó también un proyecto para modificar el Consejo de la Magistratura, redactó un texto al que de arranque le dio el visto bueno el kirchnerismo. Lo incorporaron al debate de comisión pero continuaron con las exposiciones de especialistas para respetar formalmente los tiempos presidenciales. Ayer el consejo de juristas conformado precisamente para analizar la ley del Ministerio Público Fiscal y la composición y funcionamiento de la Corte presentó su informe y de inmediato Parrilli fijó para mañana a las 15 la reunión de comisión.

El Frente de Todos no tiene los dos tercios requeridos en la legislación actual, como tampoco los tuvo Mauricio Macri para nombrar a Inés Weinberg de Roca, por lo que sigue en el cargo el interino Eduardo Casal desde la renuncia de Alejandra Gils Carbó.

La mayoría requerida para la designación va enlazada con el cambio en el plazo del mandato y así lo plantearon senadores como Parrilli, María de los Angeles Sacnun y el también rionegrino Martín Doñate, de La Cámpora, que es el titular de la Bicameral de Seguimiento del Ministerio Público Fiscal y el más incisivo con la gestión de Casal contra quien habilitó una serie de investigaciones por presunto mal desempeño. En el texto de Weretilneck se incorpora a la ley 27.148 el artículo 62 bis que establece una duración de cinco años y la posibilidad de una única reelección consecutiva, siempre a propuesta del Poder Ejecutivo Nacional y con la condición de que vuelva a pasar por el Senado para que preste un nuevo acuerdo.

El texto del rionegrino también propone otro cambio muy discutido: la remoción del Procurador y del Defensor. “Podrán ser removidos por causa de ineptitud o mala conducta, previo sumario administrativo con audiencia del interesado, según el procedimiento establecido reglamentariamente”, señala el proyecto de ley.

La propuesta apunta a que la remoción pueda ser impulsada por el propio Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado por mayoría absoluta de sus miembros. “Mientras ese proceso se desarrolla, el Procurador será suspendido aunque el Senado podrá revocar la suspensión en el plazo máximo de diez hábiles contados a partir se tomada la decisión”, se indica.

Una vez aprobada dicha iniciativa de remoción en la Cámara de Diputados, el Procurador General de la Nación queda suspendido inmediatamente del ejercicio del cargo mientras dure el proceso de remoción.

Con excepción del Procurador General de la Nación, los demás magistrados que componen el Ministerio Público Fiscal de la Nación podrán ser removidos de sus cargos únicamente por el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Ese tribunal de enjuiciamiento estará integrado por nueve miembros.

De todos modos, después del dictamen y de que se vote la ley en el Senado, serán los Diputados los que deberían sancionarla y el Presidente, promulgarla aunque si el oficialismo tuviera la decisión política podría convocar a la comisión de Acuerdos, convocar a una audiencia y discutir el pliego de Rafecas, e incluso votarlo ya que en comisión alcanza con la mayoría simple para su aprobación. Así quedaría listo para llevar al recinto con la actual ley (que requiere dos tercios) o con la nueva legislación. Fte. Infobae