EL PRESIDENTE ALBERTO FERNÁNDEZ EN SU DISCURSO LEGITIMÓ EL CONFLICTO POLICIAL Y UTILIZÓ RECURSOS DE LA CAPITAL FEDERAL

Con el reclamo de la Bonaerense sonando incluso en las afueras de la residencia de Olivos –expresión inaceptable de un conflicto dilatado peligrosamente-, Alberto Fernández coronó una disparada hacia adelante que mostró la peor cara de la crisis: un manotazo frente a recursos agotados -que proyectan ajuste-, el más profundo quiebre en la relación con la principal fuerza opositora y, quizá lo más grave, la convalidación de la protesta policial, dándole a la vez jerarquía nacional. Esta última, una señal doblemente riesgosa. Desde el oficialismo calificaran el movimiento como desestabilizador y hasta sedicioso. Y en paralelo, aparecen demandas similares en varias provincias, sin distinción de color partidario.

El Presidente resolvió quitarle recursos a la Ciudad de Buenos Aires para enviarlos de manera urgente a la Provincia, con destino claro y explicitado en conferencia de prensa: atender la demanda policial. Lo hizo violentando de hecho un entendimiento no escrito con la gestión porteña, que había postergado esa discusión de recursos coparticipables hasta que fuera superada la emergencia de la pandemia y, sobre todo, contemplando el impacto de la cuarentena en las finanzas locales. Horacio Rodríguez Larreta fue informado apenas unos minutos antes del anuncio, según se dejó trascender desde su círculo, y podría dar respuesta incluso en la Justicia. Los intendentes opositores del Gran Buenos Aires se enteraron sobre la hora y en Olivos.

Es difícil advertir la magnitud global y todas las estribaciones de la decisión presidencial en medio del fuerte oleaje político que ya produce. Pero de entrada, expone un punto sin antecedentes y de sentido múltiple: una fuerza policial –la más grande del país, es cierto – provoca un cambio en el sistema de coparticipación federal, después de tres días de protesta de origen razonable pero inadmisible en el sistema institucional, según voces del propio oficialismo y de la oposición

Desde el lunes, referentes de Juntos por el Cambio venían dando vueltas y observando con preocupación la creciente demanda policial en Buenos Aires. Ayer mismo, debieron corregir declaraciones de un par de diputados que, con membrete del bloque de JxC, avalaron los rubros del reclamo policial y no cuestionaron el método. Después, hubo una sucesión de mensajes que expresaban comprensión por la situación de los policías pero rechazaban la modalidad de la demanda y sobre todo el capítulo frente a la residencia de Olivos, de mínima alarmante. El propio Alberto Fernández lo condenó, aunque de manera incompresible había mandado a dos secretarios de Estado para intentar un diálogo.

Esa condena opositora sumó a Mario Negri, Martín Lousteau, Facundo Suárez Lastra y Fernando Iglesias, e incluyó además a Rodríguez Larreta y Diego Santilli. El malestar por el anuncio presidencial superó rápidamente la sorpresa en el gobierno porteño. Dicen que se enteraron apenas “cinco minutos antes” por una llamada presidencial. Los intendentes del GBA lo supieron ya en Olivos: fueron convocados personalmente por Alberto Fernández. Todo indicaba que el objetivo era la foto de unidad institucional frente a la “rebelión” de una fuerza policial. Terminó metiendo a los jefes comunales en el juego de necesidades financieras y de seguridad, con posible malestar doméstico en el frente opositor.

Los recelos previos en JxC remitían a la interna del propio oficialismo y la extrañeza frente a la dilatación del conflicto. Incluso, algunas fuentes se mostraban desconfiadas por el modo en que fue armada la protesta en las puertas de Olivos. Con todo, apuntaban en particular al conflicto entre Axel Kicillof, Sergio Berni y varios intendentes, sobre todo del sur del GBA, donde arrancó la demanda. No se imaginaba un decreto de recorte de fondos para la Capital.

Hubo algunos indicios en las referencias del Presidente a la “opulencia” de la Ciudad de Buenos Aires frente a la situación de otros distritos. Resultaba un eco de dichos de Cristina Fernández de Kirchner, que ya en diciembre había apuntado en esa dirección: restarle fondos a la Ciudad para apuntalar a la Provincia, considerada territorio propio.

Esa pelea quedó congelada y no se volvió a negociar, según se encargaban de destacar anoche funcionarios porteños. El recorte representa entre 30 y 35 mil millones de pesos. Y según las cuentas de la Ciudad, compromete casi la mitad del Presupuesto destinado a la seguridad. Desde la Casa Rosada siempre dijeron que se mantendría la obligación de cubrir ese rubro presupuestario, pero desde Parque Patricios respondían que no se trata sólo de sueldos sino además del conjunto de gastos operativos y de infraestructura.

Para el recuento de este conflicto queda además un repaso recortado y por lo tanto muy parcial de la historia que hizo el Presidente. Señaló el origen del problema de financiamiento bonaerense en un recorte de fondos de la era de Raúl Alfonsín. No anotó el Fondo del Conurbano que impuso Eduardo Duhalde cuando asomaba su pelea con Carlos Menem. Y sobre todo, eludió el congelamiento de ese fondo –hasta su liquidación de hecho- en la etapa kirchnerista, para restarles autonomía a gobernadores y de paso, a intendentes bonaerenses. Ahora, la provincia necesita otro caudal, por razones prácticas y políticas. Es el principal distrito del país, dominio interno con sello de CFK.Fte. Infobae