LAS NEGOCIACIONES DE LA DEUDA EN ARGENTINA PONEN A PRUEBA EL CAPITALISMO AMIGABLE
BlackRock, la empresa más grande de manejo de inversiones del mundo, se opone a un acuerdo que resolvería la deuda con Argentina
La parálisis en Argentina refleja la complejidad de las discusiones en torno a la deuda en una era en la que las personas comunes y corrientes están de hecho, en la mesa de negociación. En décadas pasadas, los bonos emitidos por los países en desarrollo eran en gran parte controlados por los grandes bancos. Cuando los gobiernos no podían pagar, los jefes de los bancos llegaban a un acuerdo. Hoy en día los inversores que poseen bonos de mercados emergentes abarcan toda una gama: desde fondos especializados con alta tolerancia al riesgo hasta fondos de pensiones conservadores.
Que la empresa de Fink juegue un papel protagónico al presionar a Argentina contrasta con su campaña por hacer que los negocios impulsen el progreso social.
La historia de Argentina ha estado dominada por gobiernos populistas que han ganado el apoyo popular distribuyendo subsidios y efectivo a las masas en desatención descarada a la aritmética presupuestaria, lo que ha resultado en inflación crónica y en crisis frecuentes.
El último gobierno, encabezado por el presidente Mauricio Macri, asumió el poder en 2015 con el mandato de restaurar la disciplina para recuperar la confianza de los mercados internacionales y, al mismo tiempo, mostrar compasión hacia los pobres a través del gasto social.
Entre aquellos impresionados con la misión estaba Fink. Seis meses después de que Macri juró el cargo, el ejecutivo de BlackRock dijo que su administraciónn “realmente ha mostrado lo que un gobierno puede lograr si se enfoca en tratar de cambiar el futuro de su país”. Al final, Macri adquirió reputación por salir del paso, volviendo a endeudarse sin lograr crecimiento.
El año pasado, con la llegada de un nuevo presidente, Alberto Fernández, muchos supusieron que el populismo volvía. Pero Fernández rápidamente aseguró al FMI y a los acreedores clave que era un pragmatista resuelto a lograr un pago viable de la deuda.
El FMI ha sido acusado desde hace mucho de esgrimir un solo instrumento contundente para el manejo de la crisis: la austeridad. Su paquete de rescate hace dos décadas impuso recortes paralizantes a los programas gubernamentales argentinos, lo que cosechó un resentimiento duradero. Georgieva, la directora gerente del fondo, se ha enfocado en proteger a los países de deudas impagables.
En una carta enviada el lunes al ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán, el grupo dijo que contaba con el apoyo de la mayoría de los tenedores de bonos, lo que le confería el poder de bloquear el acuerdo. Bajo las cláusulas de los bonos, un acuerdo que disminuya su valor debe contar con la aprobación de los tenedores de dos terceras partes de su valor total.
En un comunicado, el grupo Ad Hoc dijo que operaba en interés del pueblo argentino al buscar un acuerdo que permitiría “acceder nuevamente a los mercados de capital e incentivar más inversión”.
Pero algunos acreedores han apoyado públicamente la propuesta del gobierno.
“Argentina ha presentado una oferta razonable, que creo que los acreedores deben aceptar, especialmente a la luz de la situación de salud y de pobreza del país”, dijo Mohamed A. El-Erian, asesor económico jefe en Allianz SE, la empresa matriz de Pacific Investment Management Company, una de las principales administradoras de bonos del mundo. Ha estado actuando como asesor de uno de los acreedores en la mesa de negociación, Gramercy Funds Management LLC, que se especializa en mercados emergentes.
Gramercy ha llegado a la conclusión de que los desacuerdos entre la oferta del gobierno y la propuesta de Ad Hoc son triviales en comparación con el riesgo de una moratoria extensa que terminaría por devaluar los bonos argentinos y posiblemente sometería a los acreedores a años de litigio y agravaría la crisis del país. Credit.
Un alivio adicional de la deuda también mejora las probabilidades de que Argentina sea capaz de cumplir con pagos a futuro, lo que elevaría el valor de los bonos pendientes de pago y disminuiría el costo de endeudarse de las empresas argentinas.
“Por tres puntos estás dispuesto a perder 20 o 30” dijo Humes, el presidente de Greylock. “Es una locura. Es desafortunado cuando los egos y la inexperiencia entorpecen una solución pragmática”.
Algunos dicen que al gobierno se le pasó la mano al enfrentarse a los acreedores con una oferta inicial excesivamente baja de menos de 40 centavos por dólar.
“Guzmán empezó con una oferta muy baja”, dijo Siobhan Morden, analista de bonos latinoamericanos en Amherst Pierpoint Securities, una corredora independiente. “Ha sido una distracción innecesaria durante meses que se pudo haber evitado si la oferta inicial hubiera sido más razonable”.
Las negociaciones, en las que participaron decenas de acreedores, se llevaron a cabo por Zoom. Los representantes de BlackRock chocaron con el ministro de Economía Guzmán, un economista de 37 años que estudió bajo la tutela de Stiglitz en la Universidad de Columbia.
En mayo, Fink hizo un llamado para que Guzmán intentara acabar con el impasse y sugirió un acuerdo si es que el gobierno elevaba su oferta al rango de los 50 a 55 centavos por dólar, dijeron personas con conocimiento de las conversaciones.
Fink se quejó de que parecía injusto que los acreedores privados asumieran todas las pérdidas, y argumentó que el FMI debería condonar algunos de sus préstamos, un imposible.
A principios de julio Guzman mejorò las condiciones y ofreció 53 centavos de dólar, lo que se granjeó el apoyo de varios acreedores, entre ellos Gramercy y Greylock.
Para entonces, la pandemia estaba agravando la recesión de Argentina y justo cuando el gobierno requería fondos adicionales para atender la emergencia de salud pública. Pero BlackRock comenzó una campaña tras bambalinas para bloquear el acuerdo.
El gobierno ha insistido en que se trata de su última oferta. Con una pobreza infantil superior al 50 por ciento, los funcionarios dicen que pagar más a los acreedores equivaldría a quitar riqueza a las personas que casi no tienen nada para transferirla a los inversores internacionales.
En una mañana reciente, unas 100 familias llegaron a un comedor comunitario a unos 40 kilómetros al oeste de Buenos Aires, más del doble de los que acudían en marzo. Entre ellos estaba Ángel Ariel Coronel, un plomero que vive en los alrededores con su esposa y el hijo de dos años de ambos. La cuarentena estricta ordenada por el gobierno había paralizado los proyectos de construcción en los que trabajaba.
“A mi mujer le daba un poco de vergüenza que vengamos aquí”, dijo Coronel mientras esperaba su porción de lentejas humeantes. “Pero a mí no me importa. Necesitamos la ayuda. No he trabajado un solo día desde que empezó todo esto”. Fte. New York Times
