DESDE QUE COMENZÓ LA PANDEMIA HABRÍAN SALIDO DE LA CÁRCEL 2.200 PRESOS

Algunos de ellos salieron para seguir detenidos bajo la modalidad de arresto domiciliario. Pero las cifras confirman que ahora sobran plazas en las unidades penitenciarias. Los datos surgen de los informes oficiales de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) del Ministerio Público y de la Procuración Penitenciaria Federal.

“Durante el primer semestre de 2020, en contexto de pandemia por Covid-19 y con Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), la poblñación alojada registró una baja de 2.230 personas (-16%).  El decrecimiento más pronunciado se registró en mayo y junio”, informó la PROCUVIN.

Mientras tanto, en la provincia de Buenos Aires, no hay un número concreto de presos excarcelados. Es que, según indicaron fuentes consultadas por Infobae, hay unos 50 mil presos en la cárceles de la provincia cuando sólo hay lugar físico para 24.000. Y entre el 10 y el 20 por ciento de ellos salen anualmente, pero al mismo tiempo, la puerta de entrada iguala ese porcentaje.

De donde sí hay datos concretos es del Servicio Penitenciario Federal. Allí, los números muestran una baja de la población penitenciaria. La Procuración Penitenciaria reconoce que “a raíz de la declaración de emergencia sanitaria por Covid-19, entre los meses de marzo y junio de 2020 se produjo un significativo descenso de la población”. De hecho, ya a fines de abril, no había “sobreocupación general” en las cárceles del sistema federal. Uno de los datos claves también fue la reducción de ingresos, es decir, menos personas que quedan detenidas.

Antes incluso de que se decretara el aislamiento obligatorio, la Cámara Federal de Casación Penal dispuso una serie de consideraciones a los tribunales inferiores para recomendar la reducción de la población encarcelada mediante la liberación no sólo de los considerados grupos de riesgo, sino también de todas las personas de cuyo encierro puede prescindirse o ser reemplazado por medidas alternativas a la prisión.

En ese marco no solo se dictaron arrestos domiciliarios, también bajó el numero de personas que eran ingresadas al sistema. Desde el comienzo de la pandemia hasta fines de mayo, habían ingresado al menos 373 personas al SPF.

El informe detalló que la disminución de la población impactó fuertemente en la cantidad de personas detenidas sin condena, que se redujo en un 19,5 por ciento. La mayoría de las personas que lograron salir de prisión fueron mujeres y transgénero.

La superpoblación y el coronavirus

En enero, el gobierno de Kicillof armó una “Mesa Interinstitucional de diálogo” para generar un plan consensuado entre los tres poderes del Estado bonaerense, los organismos de derechos humanos, la Iglesia y representantes del Poder Judicial Federal. Las primeras reuniones se hicieron en febrero.

El 8 de abril, el juez Víctor Violini, del Tribunal de Casación, concedió el hábeas corpus. Habló de conceder arresto domiciliario para presos por delitos leves en situación de riesgo, analizar la situación de los presos por delitos graves. También encomendaba evaluar de oficio a los que tuvieran prisión preventiva desde hacía más de dos años “considerando los intereses de las víctimas” y disponía que mandaran a domiciliaria a los que les faltaran seis meses para obtener la libertad asistida o condicional.

Los listados de esos presos habían sido confeccionados por funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad, en base a edades y patologías. Los primeros listados indicaban 700 personas, de la cuales 400 estaban arrestadas por delitos leves, pero el número podía elevarse a 2.300 internos en situación de riesgo con registros más actualizados.

El fallo provocó gran conmoción social cuando se conocieron otras libertades y arrestos domiciliarios concedidos de manera individual, como el caso de Pedro Olmos, el hombre de 68 años que abusó de una vecina de 13 años en el cumpleaños de su nieto y que con el coronavirus volvió a vivir muy cerca de la casa de su víctima. Hubo otros casos en distintos puntos del país.

En el sistema federal, en tanto, hubo varios levantamientos en los penales, pero el caso que más repercusión tuvo fue el motín que tuvo lugar en la cárcel de Devoto. El 24 de abril, los reclusos incendiaron las celdas, colgaron colchones prendiéndose fuego y alcanzaron el techo del establecimiento. Hubo negociaciones de las que participaron el viceministro de Justicia Juan Martín Mena y jueces de la Cámara Federal de Casación. Se abrió entonces una mesa de diálogo.

En el mientras tanto gran parte de la sociedad, confinada en sus casas por el aislamiento que impuso el coronavirus, participó de un masivo cacerolazo contra la salida de presos. Fte. Textual Infobae