OFICIALISMO Y OPOSICIÓN JUNTOS PARA PRESENTAR UNA LEY DE FINANCIAMIENTO POLÍTICO

El gobierno se puso de acuerdo con el Partido Justicialista para un proyecto común de ley sobre el financiamiento de las campañas electorales, a menos de un año de que comienzan las campañas y tras la polémica generada por los aportantes truchos de Cambiemos y los cuadernos K. El próximo miércoles será tratado en la Cámara de Senadores.

A partir de esta ley se establecerá que las empresas podrán aportar a los partidos políticos hasta un 2% del tope de gastos de campaña y se bancarizarán el 100% de la contribuciones. Con anterioridad, el dinero aportado se entregaba en efectivo, lo que hacía difícil controlar su origen y destino. Además, se prohibirán que empresas contratistas del Estado y de obras sociales aporten a las campañas.

Sí estarán habilitadas las donaciones de personas jurídicas, un punto resistido por la diputada de Cambiemos, Elisa Carrió. Por otro lado, con esa nueva ley reglamenta un nuevo porcentaje de programación destinada a la publicidad audiovisual, que pasará del 10% al 5%. Sin embargo, aumentará la cantidad de días en que se permitirá transmitir dicha publicidad: de 25 actuales a 35, en el caso de elecciones generales.

El periodo de campaña también se verá afectado, mientras que en la actualidad es de 35 días, con la aprobación del proyecto pasará a ser de 50, y la prohibición de actos  de gobierno e inauguraciones se prolongará de 15 a 25 días.

Otro punto importante serán los relacionados a la Justicia Nacional Electoral, la cual contará con nueva herramientas para el control, con el apoyo de la UIF, Anses, el Banco Central, AFIP, la Procelac y la Oficina Anticorrupción. Por último,  se fijará un Procedimiento Electoral Sancionador específico para el trámite judicial de los ilícitos electorales y se fortalecerá el cuerpo de auditores de la justicia electoral.

“No es razonable que lleguemos a la elección de 2019 con el mismo régimen de financiamiento, que ha demostrado muchas falencias. Es clave bancarizar para terminar con los aportes en efectivo y fortalecer decisivamente la posibilidad de control judicial”, señaló Adrián Pérez, secretario de Asuntos Políticos e Institucionales, a La Nación.

Las negociaciones comenzaron a gestarse el pasado martes, cuando, a pedido de Mauricio Macri, el Jefe de Gabinete, Marcos Peña; y el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, se reunieron con los senadores Federico Pinedo, del PRO; Luis Naidenoff, radical; y el propio Pérez para discutir la estrategia que le presentarían al jefe del Bloque Justicialista, Miguel Pichetto.