AVANZAN LAS LEYES CONTRA LOS DELITOS SEXUALES

     Juan Carlos Piriz Dip. Nacional (MC). Pareciera que nuestra sociedad solo reacciona cuando delitos aberrantes como lo es un hecho de violación o esta seguida de muerte adquieren enorme divulgación a través de los medios de comunicación. Es en ese momento que todos ponen sus ojos sobre el gobierno de turno y sobre los miembros de la justicia, pero más allá del criterio con que los jueces han firmado esos fallos, está claro que existen leyes que le permiten a los mismos actuar de esa manera, y eso es responsabilidad de otro poder del Estado, el Legislativo.

Queda demostrado así y con total claridad que los tres poderes mantienen una deuda cada vez mayor con las víctimas de violaciones, ataques sexuales y asesinatos y los obliga a todos en conjunto (oficialismo y oposición) a actuar con menos demagogia y mayor responsabilidad para prevenir y evitar estos delitos.

Muchos son los casos de mujeres que fueron asesinadas por violadores que tenían antecedentes y habían sido beneficiados por fallos de la Justicia. El último, el de Micaela García (abril de 2017), la joven de 21 años asesinada en Gualeguay por un violador excarcelado antes de cumplir su condena, causo gran conmoción en el país e hizo que la Cámara de Senadores, luego de medio año de mantenerlo cajoneado, comenzara a debatir el nuevo régimen de excarcelaciones.

En diciembre del año pasado la Cámara de Diputados de la Nación había aprobado con el apoyo del bloque de Cambiemos, de un sector del massismo y de otros, el proyecto impulsado por el diputado radical de Mendoza Luis Petri que para atención de todos los bonaerenses fue rechazado por los diputados de nuestra provincia Juliana Di Tulio, María Teresa García, María Fernanda Raverta y Luana Volnovich (Curiosamente cuatro mujeres del Frente para la Victoria), Margarita Stolbizer (GEN), Néstor Pitrola (Partido Obrero), Remo Gerardo Carlotto (Peronismo para la Victoria), Myriam Bregman, (Partido de los Trabajadores Socialistas) y Gabriela Troiano (Partido Socialista). Y digo atención y los resalto, para que los bonaerenses recordemos ya que algunos de ellos volverán a presentarse este año como alternativa electoral progresista. Mientras que otros referentes no menos importantes como Ricardo Alfonsín y Alejandro Echegaray (UCR) y Carlos Kunkel (Frente para la Victoria) estuvieron ausentes en una sesión tan importante.

Efectivamente, el miércoles 26 de abril la Cámara alta aprobó con reformas y devolvió a Diputados, el proyecto que propone un nuevo régimen de excarcelaciones y prohíbe el sistema de semi detención o de salidas transitorias para los imputados por delitos de homicidio agravado, de índole sexual y robo con armas entre otros.

Si bien esto constituye un gran avance, quedan pendientes todavía varios temas, entre ellos el Registro Nacional de Delincuentes Sexuales (Renadese), que busca brindar información pública sobre los condenados por este tipo de delitos y que ya cuenta con dictamen favorable.

Pese a que ya se han levantado en contra las mismas voces, tal como lo sostiene la Asociación de Víctimas de Violaciones, “por una pequeña deuda uno queda ‘escrachado en el Veraz’ durante diez años, pero en cambio los demagogos de un falso garantismo se niegan a que se apruebe una ley de registro de violadores y de reincidentes”.

Esta iniciativa apunta a complementar la ley 26789 aprobada en 2013 que dio origen al Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos Contra la Integridad Sexual, norma recientemente reglamentada por el Gobierno, pues sólo incluye la información genética de los violadores, que no es pública.

El Gobierno firmó un convenio con el FBI para usar el mismo sistema que ese organismo norteamericano emplea para registrar y comparar muestras de ADN. Se trata de un sistema que ya está en uso en 150 países, entre ellos Chile, México, Uruguay y Brasil, y que sirve exclusivamente para las investigaciones judiciales y no para la prevención.

En cambio, la publicidad del registro con la nómina de los condenados sí tiene valor disuasivo y permite prevenir a la población acerca de la presencia de ex violadores en el barrio. El proyecto propone publicar el nombre de los condenados, una foto actualizada, el domicilio, el DNI, la carátula de la causa por la que fue sentenciado, tanto en la página web del Ministerio de Justicia de la Nación como en las páginas de las provincias, y dispone que ese ministerio debe ocuparse de actualizar los datos del registro.