LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL FORMA PARTE DEL PLAN DE GOBIERNO

La discusión por la iniciativa oficial de avanzar con la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, dejó en un segundo plano la principal decisión que trazó el Gobierno para 2017 en materia de Justicia: la reforma integral del Código Penal. Es que, casi en simultáneo con la convocatoria a la mesa de debate por la nueva ley de régimen penal juvenil, el Gobierno oficializará el llamado a una comisión de expertos que trabajará en lo que, grafican en Justicia, será «la revisión general de todo el Código Penal». Atento al año electoral, los tiempos que trazó el Gobierno son similares a la ley de los menores: este año una discusión «entre técnicos» para instalar el debate en el Congreso durante 2018. «No queremos que se politice, que el tema sea comida de campaña de ningún sector político». Está latente el fallido intento de Cristina, cuando en 2014 impulsó la reforma a través de un anteproyecto, en cuya elaboración participaron referentes de todos los sectores políticos -incluido el macrista Federico Pinedo- y lideró el ex juez de la Corte Suprema Eugenio Raúl Zaffaroni. Aquella discusión quedó encerrada en el terreno mediático por el inminente fin del mandato de Cristina: casualidad ó no, fue Sergio Massa, hoy el principal contendiente que tiene Cambiemos según las encuestas, quien aprovechó el debate y logró posicionarse.  ¿Por qué reformar el Código Penal? En principio por una cuestión de ordenamiento legislativo. En el Gobierno argumentan que, desde que se sancionó el Código Penal hace casi un siglo, se introdujeron “más de 900 parches”. Esto es: modificaciones a través de leyes y decretos-ley, en varios casos -como el régimen penal juvenil- de tiempos de la dictadura. Tantos cambios -sostienen- terminan generando confusión y quitándole el sentido “educativo” al código.

Además, explican que muchas modificaciones, que remiten a distintas situaciones de la coyuntura del país, dejaron muchas “incongruencias” en las penas. “El Código quedó obsoleto y perdió todo sentido de la proporción”, apuntan. Y ponen como ejemplo la reciente aprobación de la ley 27.330, que prohíbe la realización de carreras de perros y contempla una pena de prisión de tres meses a cuatro años para quienes las promueven. “Hoy puede quedar preso alguien que organiza una carrera de perros y, por otro lado, esa misma persona quedar libre por un homicidio culposo. No estamos cerrados a nada, pero hay que debatir sobre estos desequilibrios”, señalan.Fte. Clarín