NUEVAS PRUEBAS CONTRA LA DIRIGENTE MILAGRO SALAS
El informe analiza el movimiento financiero que se produjo desde noviembre hasta el 10 de diciembre de 2015
En paralelo a las causas judiciales que tramitan en Jujuy por defraudación a la Administración Pública, extorsión y asociación ilícita, la AGN aprobó una lapidaria auditoría de corte provincial que muestra los mecanismos fraudulentos mediante los que habrían desaparecido más de 29 millones de pesos que provenían del Ministerio de Planificación, en el marco del Plan Federal Mejor Vivir. La maniobra consistía en girar fondos desde el Instituto de Vivienda hacia los municipios, para desviarlos hacia las cooperativas que respondían a Milagro Sala. El informe analiza el movimiento financiero que se produjo desde noviembre hasta el 10 de diciembre de 2015. Durante ese período el IVUJ firmó una serie de convenios para tareas de mejoramiento de viviendas con los municipios de Palpalá, San Salvador de Jujuy, San Pedro, Monterrico y El Carmen. El proyecto contemplaba obras para mil unidades por un total de 128 millones de pesos. De la verificación de los resúmenes bancarios de las cuentas del Instituto de Vivienda surge que el 30 de noviembre se transfirieron desde la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación $29.346.301. El dinero se depositó en la cuenta del del Banco Nación Nº 4880018423.Entre el 4 y el 10 de diciembre el IVUJ libró el pago a los municipios mediante cheques por la totalidad del dinero pero las autoridades que debían intervenir en la fiscalización de la obra no estaban informadas de los acuerdos.
Los fondos que habían sido girados al municipio se repartieron entre tres cooperativas vinculadas a la organización de Milagro Sala. Se firmaron 72 cheques de 50 mil pesos destinados a las cooperativas 4 de Junio, 21 de Mayo y 14 de Enero respectivamente. Todas ellas comparten el mismo domicilio, en Alvear 1142, donde se encuentra una de las sedes de la Tupac Amaru.El informe indica que los cooperativistas cobraron el dinero incluso antes de que los pagos a los municipios fueran registrados de manera oficial. En todos los casos, los montos eran entregados sin la autorización firmada por las autoridades municipales que debían intervenir en los convenios. Los auditores advierten que «no se obtuvo documentación referida a la identificación de las organizaciones sociales que ejecutarían las obras, ni del responsable técnico, ni de los beneficiarios finales, ni de la localización geográfica precisa de las obras, ni de los requerimientos y/o reclamos que procurasen su obtención, no obstante haberse firmado los convenios del IVUJ con los Municipios y desembolsado los fondos».
