EL OFICIALISMO CONVIRTIÓ EN LEY LA REFORMA DEL SISTEMA DE INTELIGENCIA
Por 131 votos a favor, contra 71 votos en contra, el oficialismo aprobó en la Cámara de Diputados el proyecto del Poder Ejecutivo que propone la disolución de la Secretaría de Inteligencia (SI) y su reemplazo por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI)
Tres días antes de que la presidenta Cristina Kirchner inaugure las sesiones ordinarias en el Congreso, el oficialismo convirtió en ley lareforma del sistema de Inteligencia Nacional.
Por 131 votos a favor, contra 71 votos en contra, el oficialismo aprobó en la Cámara de Diputados el proyecto del Poder Ejecutivo que propone la disolución de la Secretaría de Inteligencia (SI) y su reemplazo por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
En lo que constituye la primera sesión extraordinaria del año, la oposición conformada por el PRO, el radicalismo, el massismo y el Frente Amplio Progresista concurrió a dar el debate, luego que el oficialismo reuniera el quórum reglamentario, contrariamente a lo que sucedió en el Senado, donde la mayoría del arco opositor optó por no asistir.
La diputada kirchnerista María Teresa García defendió la propuesta oficial y explicó, en cuanto al control de los fondos reservados, que «hay gastos que se van a poder dar públicamente», mientras que otros que tendrán el carácter de secreto, que sólo serán conocidos por la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, que preside.
Lo propio hizo Diana Conti, también del Frente para la Victoria. La legisladora sostuvo que se acota la autonomía de los agentes y se transparenta parte de los fondos. «La inteligencia va a quedar subordinada al poder político y al Poder Judicial», argumentó.
La iniciativa, a la que le hicieron varios cambios en la Cámara Alta, establece que la Dirección de Observaciones Judiciales, la dependencia encargada de hacer las escuchas telefónicas, pasará al ámbito de la Procuración General de la Nación. Este punto genera rechazo en la oposición, enfrentada con la procuradora, Alejandra Gils Carbó, a la que acusan de responder al Gobierno.
Se propone además transparentar los gastos de la AFI, salvo aquellos destinados a tareas de inteligencia, y la fijación de límites claros para la realización de investigaciones criminales por parte de los agentes de inteligencia, un punto reclamado por el Centro de Estudios Legales y Sociales. La ONG presidida por Horacio Verbitsky fue crítica del texto original, pero después se mostró conforme con los cambios.
Todo el personal de la SI pasará a la AFI, pero el proyecto faculta al actual secretario de Inteligencia, Oscar Parrilli, a jubilar a los agentes que cumplan con los años de aportes necesarios, es decir, a los que trabajan en el organismo desde la dictadura.
En la versión definitiva del proyecto las tareas de control siguen estando a cargo de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, un cuerpo que sólo se reunió dos veces en 2014. Si bien la iniciativa indica que se reforzarán los mecanismos de transparencia, el control sigue teniendo una traba concreta: un decreto de 2002 que determina que el Poder Ejecutivo decide qué información le entrega a la comisión y cuál no.
CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN
Toda la oposición rechazó la propuesta. Criticaron el tratamiento exprés del proyecto y sostuvieron que se trata de una reforma «cosmética» que no modifica cuestiones de fondo. «Si quieren transparentar eliminemos la SIDE, pero no le demos más poder a Milani», replicó Elisa Carrió. La diputada, en línea con toda la oposición, acusa al jefe del Ejército de manejar un aparato de espionaje ilegal.
El titular del bloque por Unión PRO, Federico Pinedo, advirtió a la vez que con la creación de la AFI «están cambiando el nombre» a la Secretaría de Inteligencia «mientras empeoran el contenido».
«El oficialismo dio un tratamiento fugaz a este tema tan delicado especialmente en este contexto. No hubo voluntad alguna de llegar a un consenso, que es lo mínimo que se puede esperar tras la oscura interna de los organismos de inteligencia que emergió», agregó el legislador a través de un comunicado de prensa.
Asimismo, Pinedo alertó: «Esta ley contiene cláusulas alarmantes a las que hay que prestarle mucha atención pues permite destruir archivos y fortalecer, así, la impunidad. Politiza las escuchas telefónicas dándoselas a [la procuradora general de la Nación, Alejandra] Gils Carbó». Fte.lanación
