UN MILITAR DE LA DICTADURA REVELO DONDE SEPULTARON A 25 DESAPARECIDOS
Las fosas, dijo, se encuentran en el predio donde funcionaba el III Cuerpo de Ejército, y mencionó la identidad de las víctimas
El ex mayor y represor Ernesto Guillermo Barreiro, que al negarse a declarar en 1987 dio origen al levantamiento carapintada, reveló ayer en el juicio que se le sigue en Córdoba por delitos de lesa humanidad el lugar donde fueron enterrados 25 desaparecidos en el centro clandestino de detención La Perla.
Las fosas, dijo, se encuentran en el predio donde funcionaba el III Cuerpo de Ejército, y mencionó la identidad de las víctimas.
El testimonio de Barreiro, que declaró junto con los represores Luis Manzanelli, José Hugo Herrera y Héctor Romero, significa un giro histórico en la estrategia judicial de los militares acusados de violaciones a los derechos humanos, que optaron siempre por mantener un «pacto de silencio».
«Es un quiebre de la línea que se mantuvo constante en los últimos 30 años. Hasta ahora los restos encontrados nunca fueron por aportes de la propia tropa», dijo a LA NACION un general retirado, al evaluar el impacto del testimonio del militar.
Barreiro, que se especializó en inteligencia militar, cobró notoriedad en la Semana Santa de 1987, cuando se negó a presentarse ante la Justicia y se refugió en una unidad en Córdoba, lo que fue el inicio del movimiento carapintada liderado por el teniente coronel Aldo Rico.
Beneficiado con la ley de obediencia debida dictada durante el gobierno de Raúl Alfonsín, evitó el juicio, pero fue dado da baja de las filas del Ejército. En 2004 se radicó en The Plains, en el estado norteamericano de Virginia, con su esposa y cinco hijos, y hace seis años fue extraditado, al reabrirse las causas de derechos humanos tras la anulación de los indultos y de las leyes de punto final y obediencia debida.
Conducido al penal de Marcos Paz, Barreiro fue trasladado en 2012 a Córdoba para ser sometido a juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos en La Perla, uno de los centros clandestinos emblemáticos de la dictadura militar, junto con la ESMA y Campo de Mayo.
En la audiencia de ayer, Barreiro dio los nombres de 20 detenidos sepultados en los Hornos de La Ochoa, en el centro clandestino La Perla. Otros cuatro detenidos fueron ejecutados y llevados a una fosa en otro sector del predio y uno más se encontraría en Villa Ciudad América, en las inmediaciones del dique Los Molinos.
INSPECCIÓN OCULAR
El tribunal, presidido por el juez Jaime Díaz Gavier, dispuso constituirse inmediatamente en el lugar señalado por el represor para una inspección ocular, junto con el Equipo Argentino de Antropología Forense, para determinar posibles hallazgos de restos humanos.
En el mismo sitio de los Hornos de La Ochoa habían sido hallados anteriormente restos de desaparecidos sin identificar.
El propio juez Díaz Gavier dijo que el testimonio de Barreiro «es un hecho de mucha significación», dado que «nunca ha ocurrido que imputados en esta causa expresen su voluntad de colaborar».
La megacausa de La Perla reúne 27 causas por delitos de lesa humanidad, y los imputados suman unos 50, entre los que se encuentra el ex represor Luciano Benjamín Menéndez, que comandó el III Cuerpo del Ejército, con asiento en Córdoba. Se estima que el juicio se prolongará hasta promediar el año próximo. Las audiencias se extenderán hasta el miércoles próximo y se reanudarán el 4 de febrero.
La revelación del militar, apodado «el Nabo», se conoció en vísperas de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos. El doctor Osvaldo Viola, su abogado, declaró que más allá de las eventuales imputaciones los militares que declararon ayer «están dispuestos a paliar el dolor de sus deudos, indicar guías para que el tribunal pueda encontrar a las personas».
IMPACTO MILITAR
En fuentes castrenses se interpretó la revelación del ex carapintada como «una estrategia para negociar algún beneficio en su situación procesal». Nadie se atrevió a pronosticar si el testimonio de ayer producirá un efecto contagio en otros militares retirados que enfrentan juicios por violaciones de los derechos humanos.
No se descarta, en ese sentido, que puedan surgir otros casos aislados.
Según pudo saber LA NACION, en los últimos meses comenzó a circular en sectores del Ejército la idea de promover un pedido de perdón y reconocimiento de responsabilidades, como un aporte a la reconciliación. Comenzó a redactarse, incluso, un texto pensado para publicar en una solicitada en los diarios, que no llegó a reunir un consenso amplio.
«La palabra perdón sigue siendo un tema tabú. Hoy no es posible por las consecuencias que tendría autoincriminarse. Sería distinto en un contexto de reconciliación amplia y sin efectos penales», reflexionó una fuente castrense.
Barreiro enfrenta, además, una causa en el juzgado federal de Ariel Lijo, por una denuncia que lo acusa de haber adoptado ilegalmente a su hija Irene, a quien se señala como hija de desaparecidos. En septiembre último, la hija del militar se negó en el propio juzgado a ser sometida a un análisis de ADN.
