NARCOTRAFICO: La Corte Suprema se sumó ayer al pronunciamiento de la Iglesia sobre el avance del narcotráfico

Los siete integrantes del máximo tribunal resolvieron pedir en forma «urgente» la solución de los problemas planteados por jueces federales de Tucumán, Salta y Jujuy. Entre otras medidas, se solicitaron la designación de magistrados para ocupar cargos vacantes, la habilitación de nuevas secretarías penales y el incremento del personal de fuerzas de seguridad asignado a las investigaciones sobre drogas.

Los jueces del Norte advirtieron que hay un «crecimiento preocupante del narcotráfico» en las fronteras de esa región. En los juzgados de Salta y Jujuy entraron 19.642 causas en 2012, la mayoría vinculadas con infracciones a la ley antidrogas.

El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, se reunió en septiembre con los jueces federales de Tucumán Raúl Bejas y Fernando Poviña, y con los integrantes de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta Jorge Villada y Roberto Loutayf Ranea, quienes le transmitieron la preocupación sobre el crecimiento del narcotráfico y las fallas estructurales del Estado para encarar ese desafío. Esos magistrados fueron representantes de sus colegas de la región norte, quienes en encuentros previos armaron el petitorio para presentar al Gobierno mediante la Corte.

Lorenzetti expuso en los últimos días sus conversaciones sobre el narcotráfico con funcionarios del Gobierno previas al fallo por la ley de medios. La Corte manifestó ayer que el 31 del mes pasado se enviaron al Consejo de la Magistratura, al Ministerio de Justicia y al Ministerio de Seguridad esos documentos firmados por los jueces del Norte, «sin que, a la fecha, se hubiera recibido respuesta de ninguno de dichos organismos». Por eso, ayer reclamó que, «en razón de la extrema gravedad de las circunstancias denunciadas, arbitren de modo urgente las medidas sugeridas».

Unas horas antes de la resolución de la Corte, el secretario de Seguridad, Sergio Berni, había dicho que se desarrolla «una gran actividad contra el narcotráfico, que no se agota en una frontera o un radar».

También el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, se anticipó a la decisión de la Corte para anunciar que la Aduana contaría con más equipos para escanear contenedores. «Ya se incorporaron 21 equipos y antes de fin de año se sumarán tres más, para llegar a los 24 equipos. Con esto, el 100% de nuestra frontera norte va a contar con equipos de escaneo para las cargas», dijo. Ambos funcionarios se refirieron concretamente a puntos reclamados por los jueces federales, en una coordinación que permitiría inferir el conocimiento de una inminente resolución de la Corte que dejaría mal parado al Gobierno.

Al igual que frente al duro mensaje de la Iglesia, los funcionarios nacionales optaron en principio por no confrontar directamente con el contenido de las críticas efectuadas por los jueces a través de la Corte Suprema de Justicia, sino exhibirse activos frente a la polémica sobre drogas. Incluso la increíblemente acéfala Sedronar -cuya falta de secretario desde marzo pasado es fuertemente objetada por la Iglesia y la oposición- mantuvo reuniones de trabajo con municipios y la semana pasada convocó al Consejo Federal de Drogas, tras una larga inactividad.

Este reclamo de la Corte tiene más peso político que real, dado que el Gobierno no siempre cumple con las recomendaciones de la Corte. Incluso en el fallo Arriola, que declaró inconstitucional la pena por tenencia de droga para uso personal, el máximo tribunal había marcado la necesidad de incrementar la lucha contra el narcotráfico y reforzar las medidas de prevención de consumo sin que la Casa Rosada diese pasos en ese sentido.

El pedido de escáneres figura entre los reclamos de los jueces. Pero el mayor peso político de la exigencia fue colocado en demostrar que sus juzgados están desbordados por las causas de drogas (89.111 expedientes en trámite en Salta y Jujuy), sin que el Estado preste el necesario auxilio de recursos humanos e instalación de los tribunales que permanecen vacantes.

También hicieron foco en «la instalación de grupos extranjeros de gran magnitud que están operando en hechos ilícitos y que sin exageración alguna se cuentan por miles en la frontera». Los jueces federales del Norte no hicieron público que esa referencia fue dirigida a ciudadanos colombianos que desde hace algunos años empezaron a radicarse en las zonas calientes del contrabando. Ese pensamiento es compartido por funcionarios de seguridad nacionales y de varias jurisdicciones.

Los magistrados advirtieron, además, que el aumento de las causas penales (un 85% más en investigaciones de drogas en 2012, con relación a 2005) llevó al colapso de las unidades penales. Solicitaron la construcción de cárceles. Y pidieron la designación de las vacantes en varios tribunales. Además de habilitar y cubrir los puestos en el Juzgado Federal de Libertador General San Martín y el Juzgado Federal de Tartagal; además de solicitar la aprobación legislativa para la creación del Juzgado Federal N° 3 de Salta y del Juzgado Federal de San Ramón de la Nueva Orán. La posición de los jueces apunta a marcar la carencia de apoyo al avance de investigaciones por la falta de estructura judicial.

También en Tucumán exhibieron quejas similares, al exponer que cada secretaría penal tiene cinco personas a cargo para seguir cientos causas de drogas y que incluso la delegación de la Policía Federal cuenta con sólo cuatro agentes para colaborar con las investigaciones.

Esa situación se replica en otros distritos, por ejemplo en Rosario, donde una treintena de gendarmes lleva adelante más de cien solicitudes judiciales en la ciudad con mayor nivel de violencia narco en el país.

Mientras los jueces afirman que las fronteras están sobrepasadas por el narcotráfico, Berni aseguró: «La lucha tradicional contra el narcotráfico ha fracasado, por eso estamos imponiendo una nueva modalidad que consiste en una lucha en profundidad en el territorio».