POLÍTICA: Cristina presentó el proyecto de reforma judicial
La presidenta Cristina Kirchner anunció el envío al Congreso de un paquete de seis proyectos de Ley destinado a reformar la Justicia.
Al encabezar un acto en Casa de Gobierno, la Presidenta detalló que esos proyectos de Ley, que ingresarán mañana a las Cámaras, serán:
1) Ley de reforma del Consejo de la Magistratura.
2) Ley de Ingreso Democrático a la Justicia.
3) Ley de Publicidad de las actos del Poder Judicial.
4) Ley de Creación de tres nuevas Cámaras de Casación.
5) Ley de Publicidad y Acceso Directo a Declaraciones Juradas de los funcionarios de los tres poderes del Estado.
6) Regulación de Medidas Cautelares contra el Estado Nacional y sus Entes Descentralizados.
Adicionalmente destacó la importancia de la actualización y unificación de los Códigos Civil y Comercial, la reforma del Código Procesal y el avance en la creación de un Digesto Jurídico.
Adelantó que parte de estas leyes irán al Senado y otras a Diputados para generar un «dinamismo» en el tratamiento.
La Presidenta comenzó a las 18.50 en el Museo del Bicentenario de la Casa de Gobierno, donde estuvieron presentes, el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina y la Procuradora de la Nación, Alejandra Gils Carbó, entre otras autoridades.
La mandataria aseguró que «la democratización de la justicia no implica que ningún magistrado o funcionario deba sentir que estamos tratando de antidemocrático al sistema».
La Presidenta consideró que el proyecto de reforma dará «mayor legitimidad a unos de los poderes del Estado» como el Judicial.
Cristina anunció que el proyecto que enviará al Congreso para reformar al Consejo de la Magistratura contempla un aumento de 13 a 19 de sus integrantes, que serán elegidos junto a las primarias (PASO) para que «el pueblo, a través del sufragio universal, sea el que elija a todos los estamentos de jueces, abogados y académicos».
«La elección será a través de las PASO y se respetará el cargo a todos los que están actualmente», anticipó la jefa de Estado.
En ese sentido, la Presidenta afirmó que «se convocarán a elecciones para todos los estamentos de jueces, abogados académicos y científicos, dado que restantes integrantes son legisladores que ya están legitimados por el voto popular».
La Presidenta afirmó que la reforma que propone contemplará «la igualdad en la valoración de antecedentes» para ingresar al Poder Judicial, en tanto los jurados «no podrán» estar integrados por los miembros del Consejo de la Magistratura.
La mandataria señaló que en los concursos «se garantizará la ecuanimidad» porque «si no tenés un amigo o alguien que te haga entrar, no entrás ni disfrazado de mono (sic)».
«La meritocracia no puede darse a partir del lugar que alguien le dio», sostuvo la mandataria, quien indicó que debe poder ingresar «todo aquel que sea abogado con matricula», en tanto «los miembros y autoridades del Consejo no podrán ser jurados».
En tanto, señaló como «uno de los impedimentos para concursar» el haber ejercido un «cargo o función pública» durante «la última dictadura cívico militar».
El proyecto de reforma judicial contempla que «los jueces subrogantes», a quienes cuestionó porque en muchos casos «toman decisiones sobre medidas cautelares y después se declaran incompetentes», serán designados en adelante por «el Consejo de la Magistratura».
Entre las reformas también anunció que en el marco de «la ley de ingreso democrático» al Poder Judicial se realizarán «sorteos por Lotería Nacional» entre quienes aprueben «por mérito» los requisitos de ingreso para ser empleado judicial.
Además, la jefa de Estado anunció que se plantea retirar la potestad a «los jueces federales de designar a sus secretarios letrados» porque «creemos que los secretarios no pueden ser propiedad de un juez sino del poder judicial de la nación», enfatizó lo que reconoció, «será un golpe fuerte a los jueces federales» ya que no podrán designar a «sus secretarios de confianza».
Tras denunciar «una formidable distorsión» en la aplicación de medidas cautelares, rechazó que se aplique «el proceso contencioso administrativo» que se aplica para el sector privado y anunció que la norma regulatoria que enviará al Congreso plantea que sean aplicables para el Estado «solo en los supuestos en que se ponga en juego la vida, la salud o el carácter alimentario de una persona» y «no puede superar los 6 meses para dictado de la medida de fondo».
«En la ley regulatoria de medidas cautelares la regla general es buscar proteger el interés público» señaló y aunque no mencionó pareció referirse al conflicto por la Ley de Medios Audiovisuales: «tienen que demostrar que el perjuicio no es reparable», advirtió.
La Presidenta citó la ley de Medios al afirmar que «cualquier juez puede declarar inconstitucional una ley pero no puede estar cinco años para determinar si es inconstitucional».
Durante un acto en la Casa Rosada, la mandataria sostuvo que «parece que los jueces no han escuchado a la Corte, espero que sí escuchen al Parlamento Argentino», en alusión a los proyectos de reforma judicial.
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