ECONOMIA: El gobierno dice que que el fallo contra el país es una traba para todas las reestructuraciones
El Gobierno argentino empezó a mover las fichas tras la reunión del viernes pasado ante el juez Thomas Griesa en Nueva York. El objetivo es encontrar algún apoyo adicional que le permita retrasar el fallo de la Cámara de Apelaciones que obliga a pagar también a los bonistas que no entraron al canje antes del desembolso que deberá realizar el 15 de diciembre. Se trata de un desembolso de u$s 3.300 millones del cupón PBI que corre el riesgo de ser embargado si la sentencia se activa y queda en firme.
El estudio que representa a la Argentina en Nueva York ?Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton? hizo ayer una presentación formal a la Corte de Apelaciones del Distrito Sur de Manhattan con la que solicitó que sus 13 integrantes revisen en plenario el dictamen contrario que hizo una de sus salas, formada por tres jueces. La información fue confirmada anoche por el secretario de Finanzas, Adrián Cosentino, a través de la agencia Télam.
El argumento que transmitieron los abogados que representan a la Argentina es que frente a los efectos globales que sobre los procesos de reestructuración de deuda soberana pueden tener las interpretaciones que se hagan de este caso, las mismas requieren la revisión por parte de todos los jueces, debido a que la potestad sobre el litigio con el fondo NML se mantiene en esta Cámara de Segunda Instancia. Este procedimiento implica, en el caso de ser otorgado, la obligatoriedad de volver a escuchar a las partes.
Cosentino explicó que ?este procedimiento en segunda instancia es complementario e independiente de la presentación que realizará la Argentina el viernes próximo ante el juzgado del juez Griesa?.
El fallo del pasado 26 de octubre ratificó la teoría del ?pari passu? que impulsó Griesa y que implica que los bonistas que no entraron al canje deben recibir el mismo tratamiento que aquellos que aceptaron las ofertas en 2005 y 2010.
En el escrito que presentaron los letrados se destaca que ?el fallo anterior amenaza un cambio radical en el paisaje de reestructuración de la deuda soberana?. Concretamente, la Argentina objeta que de extenderse la aplicación del ?pari passu? se eliminaría todo incentivo para los acreedores a ingresar en futuras reestructuraciones de deuda como las que podrían realizar, por caso, Grecia o España. La idea es que si los acreedores saben que aunque no entren al canje igual podrán cobrar los pagos que obtengan los que ingresen, no tendrán incentivo alguno para aceptar la propuesta.
La Argentina señaló en el escrito de ayer que el fallo de la Cámara interpretó el fallo de manera ?horizontal?, y que ello afecta a miles de millones de dólares de una forma ?incompatible? con los estándares de mercado.
El viernes último el juez Griesa se reunió en Nueva York con los abogados de la Argentina (el estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton), los representantes legales de los holdouts (acreedores que no entraron al canje, entre ellos algunos fondos buitres), los bonistas que aceptaron la oferta argentina años atrás y el Bank of New York (fiduciario). Fue para escuchar sus argumentos y anunciarles los próximos pasos a seguir. Allí les dijo que este viernes 16 deberán presentar sus posturas por escrito y se comprometió a elevar a la Cámara de Apelaciones (que dos semanas atrás avaló el fallo de Griesa) un plan de pagos de la deuda en default, para que este tribunal tome la decisión final, antes del 2 de diciembre. La fecha no es antojadiza, dado que ese día la Argentina debe realizar un desembolso u$s 85 millones por el título denominado Global 2017, mientras que el 15 de diciembre tendrá que desembolsar u$s 3.200 millones por el cupón atado al PBI.Fte.cronista.com
