POLITICA: Impulsan desde el Senado un proyecto para reglamentar el «per saltun» para causas de gravedad institucional

El bloque de senadores kirchneristas presentó un proyecto de ley para reglamentar el recurso del per saltum , mecanismo por el cual la Corte Suprema puede intervenir en una causa soslayando las instancias inferiores.

Ése fue el recurso usado por el menemismo en los 90 para destrabar, entre otras cosas, la privatización de Aerolíneas Argentinas.

El proyecto lleva la firma del jefe del bloque oficialista, Miguel Pichetto (Río Negro), pero es una reproducción de un dictamen de 2004 que nunca llegó al recinto, impulsado entonces por Cristina Kirchner cuando presidía la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado.

Pichetto confirmó, además, que esa comisión, presidida ahora por el ultraoficialista Marcelo Fuentes (Neuquén), empezará a debatir la iniciativa el martes próximo.

El texto establece que el per saltum procederá en aquellas causas del fuero federal «en las que se acredite que entrañen situaciones de notoria gravedad institucional», un argumento frecuente del Poder Ejecutivo.

Si bien el proyecto reconoce la facultad del máximo tribunal de rechazar el recurso extraordinario, también sostiene que su admisión implica la inmediata suspensión de la resolución recurrida.

Uno de los últimos antecedentes del uso de este instituto legal data de 1990, cuando el gobierno de Carlos Menem, a través de su ministro de Obras y Servicios Públicos, Roberto Dromi, se presentó ante el máximo tribunal para destrabar la venta de Aerolíneas Argentinas a Iberia , que se encontraba demorada por un recurso de amparo presentado en un juzgado federal de Catamarca, ante cuestionamientos sobre la transparencia del proceso.

Precisamente, el proyecto que la Presidenta reclama aprobar ahora es copia fiel del presentado por el riojano Jorge Yoma en la Cámara de Diputados en aquel momento y que volvió a presentar cuando pasó al Senado.

Aquella situación se asemeja a la que protagoniza hoy el gobierno kirchnerista en su disputa con los representantes del Consejo de la Magistratura que no responden a sus directivas para designar al juez que deberá decidir sobre el amparo presentado por el Grupo Clarín contra el artículo 161 de la ley de medios (que fuerza a la venta de señales y licencias), reclamando su inconstitucionalidad.

Que la iniciativa podría ser utilizada en esta disputa lo dejó en claro el propio Pichetto ayer en pleno recinto de la Cámara alta, cuando criticó al juez subrogante, Raúl Tetamantti, que debía definir el recurso de amparo y que renunció la semana pasada denunciando «violencia moral» por la ofensiva lanzada desde el Poder Ejecutivo para que acelerara la causa.

«La apuesta del juez era que el gobierno nacional perdiera las elecciones en 2011 para que la causa fuera a parar a la noche más oscura, por eso no resolvió la cuestión de fondo», denunció Pichetto, en línea con el discurso esgrimido por el ministro de Justicia, Julio Alak, principal vocero de la ofensiva del Poder Ejecutivo.

En ese contexto, el senador hizo pública la presentación del proyecto de reglamentación del per saltum , después de lo cual sentenció: «A veces hay temas a los que la Corte tiene que avocarse y resolverlos, con valentía institucional, porque le van a hacer un aporte al país».

La réplica a Pichetto partió del radical Mario Cimadevilla (Chubut), quien en su condición de miembro del Consejo de la Magistratura se encuentra denunciado penalmente por el Gobierno de obstruir el concurso del que debería surgir el nombre del magistrado que deberá ocupar el juzgado que instruye la causa en la que se dirime la constitucionalidad del artículo 161 de la ley de medios.

«Yo no estoy impidiendo absolutamente nada; es más, no he tenido oportunidad de opinar en este concurso porque los consejeros de su partido no dan quórum», se quejó Cimadevilla, quien denunció airadamente al Gobierno de presionar al máximo tribunal: «Decirle a la Corte Suprema lo que tiene que hacer es algo absolutamente improcedente», afirmó.

El oficialista Fuentes -también miembro del Consejo de la Magistratura- insistió en la línea argumentativa del Poder Ejecutivo y dijo que la disputa responde a que «el Grupo Clarín no quiere cumplir la ley» de medios, y que se estaba ante «un problema entre un grupo fáctico de poder y el Estado de Derecho» en la Argentina. «Acá no está en juego, como dicen algunos, el derecho de propiedad, sino la igualdad ante la ley y si hay argentinos de primera o de segunda», agregó.

Por último, Adolfo Rodríguez Saá (PJ) cuestionó la inconsistencia del reclamo oficialista. «Los veo sorprendidos con los sorteos [de jueces subrogantes], pero no los veo sorprendidos cuando siempre sale sorteado [el juez federal Norberto] Oyarbide en las causas que involucran a funcionarios del Gobierno», afirmó.