domingo 24 de noviembre de 2024 11:34:41

ECONOMIA: Las provincias sometidas al Estado Nacional

ARTICULO PRODUCIDO POR EL RECONOCIDO ECONOMISTA DR RODOLFO ROSSI PARA EL MULTIMEDIOS PRISMA
La mayor parte de los recursos con que cuentan las provincias son los impuestos que recauda el Estado nacional y que luego distribuye entre los fiscos provinciales bajo un complicado mecanismo conocido como “coparticipación federal”. Del total de los recursos nacionales, la Nación solo distribuye el 26 % en concepto de coparticipación a las provincias. Del 74 % que retiene el Tesoro nacional, envía adicionalmente más fondos a las provincias, en forma no automática y discrecional. Precisamente, esas transferencias podrían haber determinado, en año anteriores, un cierto sojuzgamiento político o “un disciplinamiento” a la voluntad de independencia que debería ejercer cada provincia. Actualmente pareciera, que la Nación estaría aplicando nuevos instrumentos al respecto.
En el año 2011, los recursos propiamente provinciales fueron del 37,7 % de los recursos totales recibidos por las provincias. Los recursos de origen nacional, transferidos automáticamente a las provincias, alcanzaron al 58,6 %. Los recursos de origen nacional discrecionales fueron de solo 3,7 % (en el año 2010 habían alcanzado al 17,3 %) (Fuente BCRA).

¿QUÉ PASO EN EL AÑO 2011?
En el último año las transferencias totales a las provincias, realizadas por el Sector Público nacional, fueron de 9,2 % del PIB (Producto Interno Bruto). Las provincias por impuestos autónomos propios embolsaron el 5,6 % del PIB. El gasto total de las provincias habría alcanzado al 15,3 % del PIB, o sea $ 288.426 millones (aproximadamente US$ 67.200 millones). Los giros automáticos de capital a las provincias incluyen los montos distribuidos a través del Fondo Federal Solidario (FFS), que destina a los distritos provinciales el 30 % de los derechos de exportación de la soja y sus derivados. En el 2011, totalizaron $ 7.234 millones (US$ 1.690 millones.) Aun con ello, las provincias argentinas tuvieron en el año 2011 un déficit de $ 7.540 millones (US$ 1.750 millones).
El monto de las erogaciones es de aproximadamente el 51,2 % del gasto primario del Sector Público nacional. Se desprende que, reduciéndose en forma importante las transferencias discrecionales del Tesoro nacional, las provincias tienen que hacer un gran esfuerzo para el incremento de sus recursos propios o deberán bajar, forzadamente, el nivel de sus erogaciones. Por el momento, solo están incrementando su deuda flotante.

NECESIDADES DE FINANCIAMIENTO DE LAS PROVINCIAS
Posterior a una serie de restructuraciones realizadas en los últimos años, el Estado nacional es el mayor acreedor de las provincias. En Mayo de 2010, refinanció deudas por $ 65.500 millones (equivalente a US$ 16.600 millones). En Diciembre de 2011 extendió por dos años el periodo de gracia de los intereses y capital de la deuda reestructurada (esta medida implicó un alivio financiero para las provincias de aproximadamente $ 13.600 millones). También se decidió distribuir los fondos de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para la cancelación parcial de los préstamos de asistencia financiera otorgados en el año 2011.
El principal gasto provincial es la erogación en personal. Representa más del 50 % del total del gasto en las provincias. Los niveles de los salarios públicos provinciales vienen subiendo fuertemente desde el año 2007, incluso por encima de la inflación real, que es una de las mayores del mundo. Como consecuencia de esta situación, las provincias tienen poco margen para reducir sus gastos que, en general, tienen una enorme rigidez. El tema es grave en la consideración que el Estado provincial es, en muchos casos, el principal empleador. Muchos gobernadores están enviando actualmente, claros mensajes a los sindicatos de trabajadores, expresando que se carece de margen para afrontar futuras alzas salariales.
Por el lado de los recursos es de apreciar que, en muchas provincias, la presión tributaria propia se encuentra en un máximo, con los aumentos registrados en los últimos años. El impuesto de Ingresos Brutos, que representa casi el 72 % del total de los ingresos autónomos de las provincias, creció en la última década el equivalente al 1,3 % del PIB, lo que per-se encarece toda la cadena productiva del país.
Pero, con el crecimiento mayor de los gastos, en su relación a los recursos, todo esto no alcanza.

LAS LIMITACIONES FINANCIERAS DE LAS PROVINCIAS
Las provincias, rigurosamente, están maniatadas por la Nación y, simultáneamente, están seriamente afectadas por la inflación real existente. Carecen de acceso a los ingresos “extraordinarios” que tiene el Tesoro nacional a través del Fondo de Garantía y de Sustentabilidad (FGS) del ANSES. Incluso, algunas provincias están financiando al citado Organismo, con reducciones en la coparticipación. Tampoco, tienen acceso a las utilidades “devengadas” y Adelantos Transitorios del Banco Central (BCRA). Su endeudamiento propio está sumamente acotado y encarecido, debiendo soportar recientes emisiones de deuda, a tasas en exceso elevadas. En esta situación, se estarían colocando instrumentos de deuda para el financiamiento de infraestructura, pero destinados por necesidad, finalmente, para la cobertura de gastos corrientes. No se está en el mejor camino. De todas maneras, la inversión pública será una variable de ajuste en el corriente año 2012.

PREVISIONES FINANCIERAS PARA EL AÑO 2012
Es de estimar que, durante el 2012, las economías de las provincias tendrían un déficit primario de $ 15.600 millones (US$ 3.300 millones), aun con la aparición de aumentos de alícuotas y nuevos revalúo de bienes y eliminación de exenciones, que solamente tendrán por efecto estabilizar los niveles de ingresos fiscales, afectados por un menor nivel de actividad económica general.

CONCLUSION
Nuevamente las provincias tuvieron que refinanciar este año los intereses y la amortización de capital con el Tesoro nacional. Nuevamente aparecerán los pedidos extraordinarios de las provincias a la Nación para hacer frente al justo reclamo del pago de salarios en fecha puntual, y también para hacer frente a una deuda global con proveedores, cada vez más importante y de difícil administración. Nuevamente aparecerá la conflictividad social en algunas provincias, seguramente cubierta por el “prestamista de última instancia” (el Estado nacional), que ya tiene pocos límites en su creciente poder y “manejo”.
Las provincias argentinas que en definitiva, constituyen el país, por su creación de riqueza, por su territorio, por su historia y tradiciones, serán nuevamente sometidas por la burocracia del Sector Público nacional que, en definitiva, con su política, las empobrece y las hace dependientes.
El centralismo político está en apogeo vigoroso, con el estatismo. Alternativa superior sería la reducción del gasto del sector público nacional, para que las provincias ganen en autonomía política y económica, como les corresponde.