CASO CICCONE: El fiscal Jorge Di Lello pidió medidas preliminares antes de resolver si impulsa una causa por supuesto enriquecimiento ilícito contra Boudou
El representante del ministerio público solicitó que se «certifique» la causa abierta en el juzgado de Daniel Rafecas por supuesto tráfico de influencias y lavado de dinero en el proceso de quiebra de la ex imprenta Ciccone, para chequear si se trata de delitos similares a los de su denuncia, además de confirmar que en el fuero federal no exista actualmente otra causa similar contra Boudou.
Una vez que esto ocurra, el fiscal resolverá si dictamina a favor de impulsar la investigación a cargo de ljuez federal Ariel Lijo, quien ya ordenó lo pedido por Di Lello en el caso.
Fuentes del caso confiaron en que es «altamente probable» que exista en poco tiempo un requerimiento fiscal con pedido de medidas de prueba concretas, ante las «dudas» que a priori arroja la evolución patrimonial de Boudou, más allá de que el denunciante ya fue llamado tres veces a ratificar la denuncia sin que se haya presentado hasta el momento.
En el escrito de origen del caso se menciona además a supuestos testaferros como el también involucrado en el caso Ciccone, Alejandro Vandenbroele, el empresario José María Nuñez Carmona y la novia de Boudou, Agustina Kampfer, entre algunos «amigos» del vicepresidente.
El autor es el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten, habitual denunciador de funcionarios en Comodoro Py 2002, en su rol de representante del periodista Cristian Sanz.
Y se pide que se investigue la participación accionista de Boudou en sociedades sospechadas, además del alquiler de su departamento en Puerto Madero, en una torre a la que en tribunales ya bautizaron como la segunda «alcaidía de Devoto», en tono irónico, porque viven varios sospechados de casos resonantes de corrupción.
Boudou tiene varios frentes judiciales abiertos: la causa Ciccone, esta nueva denuncia por supuesto enriquecimiento ilícito y una vieja pesquisa -tal vez menor en este contexto- relativa a adulteraciones en el formulario 08 de un auto que le perteneció y donde el juez federal Claudio Bonadio procesó a gestores y a la titular del Registro Automotor que denunció el hecho pero nunca tomó indagatoria a Boudou.
En esta última causa, la sala II de la Cámara federal porteña acaba de devolverle al juez el expediente advirtiendole que todo lo que hizo fue nulo porque el defensor de los procesados estaba inhabilitado para ejercer.
La adulteración de datos del vehículo y el reemplazo de su motor por otro sin declarar ocurrieron en el 2003 y Boudou siempre dijo que todo el tema lo manejó una ex novia suya, que se quedó con el auto. En causas similares con protagonistas sin trascendencia pública, lo usual es que se procese a todos los que participaron de la cadena ilícita con el vehículo porque se considera que su dueño legal no puede ser ajeno a maniobras que incluirían, por ejemplo, la declaración de un domicilio falso para inscribirlo en la ciudad de Buenos Aires cuando la residencia del titular estaba en Mar del Plata por ese entonces.Fte. gacetamercantil.com
