POLITICA: El Congreso difundirá los datos inflacionarios en base a los relevamientos de las consultoras privadas

El dato se conocerá luego de las amenazas y sanciones que aplicó la Secretaría de Comercio que conduce Guillermo Moreno a los economistas que divulgaron cálculos sobre la inflación.

La Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados será la encargada de presentar las conclusiones, que se prevén revelarán una suba de precios de entre el 1,2% y el 1,5% en mayo.

La nueva modalidad para informar los datos privados sobre la inflación a través del Congreso, fue planteada por la diputada de  la Coalición Cívica, Patricia Bullrich. Se evitaría así que Moreno continúe con las sanciones a consultoras privadas que miden el IPC.

Para el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INdEC), la inflación de mayo, se ubicaría en torno al 0,7%.

Según el INdEC, la inflación de abril fue de 0,8% y en el primer cuatrimestre del año habría acumulado una suba de 3,2%. En cambio para las consultoras privadas que fueron multadas por la Secretaría de Comercio Interior fue de 5,8%.

Desafiando públicamente a Guillermo Moreno, los diputados asumirán la responsabilidad de difundir el nivel de inflación estimado por los privados.

Sin embargo, a la vez, ellos todavía tienen dudas cuáles son las consultoras que proveerán la información.

Mientras tanto, la UCR, el Peronismo Federal, la Coalición Cívica, y el PRO, realizaron la semana pasada, una denuncia penal contra Moreno por «abuso de autoridad» y «censura».

Según el texto, «se utilizaron ilegítimamente herramientas del poder estatal, con el propósito de llevar a cabo una persecución evidentemente ilegal, contra todos los profesionales que efectuaron mediciones de precios, que hubieran dejado en evidencia las mentiras del Gobierno con relación a los índices oficiales».

Además, los legisladores indicaron que «la denuncia del funcionario representa una evidente vulneración de los derechos humanos, tal como los interpreta la doctrina de la Corte Interamericana».

La demanda fue presentada ante el Juzgado federal Nº 10, a cargo de Julián Ercolini, quien investiga además a la presidenta Cristina Fernández, al secretario legal y técnico, Carlos Zannini, y al ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, por presunta asociación ilícita, a partir de una denuncia de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió.