jueves 24 de septiembre de 2020
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JUSTICIA: Se confirma una investigación anunciada en Prisma en el 2010

El 18 de junio de 2008 y el 11 de septiembre de 2009, el entonces jefe de la Policía Federal, Néstor Vallecca, firmó las ordenes internas 111 y 230, respectivamente. En ellas se obligaba a todas las comisarías porteñas a llevar carpetas de seguimiento de los “locales nocturnos” que hubiera en su jurisdicción. La idea, al menos en los papeles, era controlar si las habilitaciones se correspondían con lo que ocurría realmente en esos lugares y detectar infracciones y delitos graves. Por ejemplo, la trata de menores de edad con fines sexuales .

La consecuencia de aquellas órdenes no fue la esperada. La Justicia Federal ahora investiga si esas carpetas, que debían servir como una herramienta de prevención, terminaron utilizándose como un elemento más para encubrir la vieja relación entre la trata de personas para la prostitución, los boliches de la noche y la Policía . Todo a cambio de plata.

Así, al menos, surge de una causa iniciada por la Unidad Fiscal Antisecuestros (UFASE) de la Procuración General de la Nación, oficina encargada de investigar los casos de trata de personas. En ella se denuncia una sistemática falsificación de las actas policiales con testigos inhallables, sospechosamente repetidos, con identidades cambiadas, inexistentes o cuyos nombres fueron usados para inventar testimonios favorables a los boliches.

“Los resultados arrojados por esta investigación preliminar nos muestran que esos controles fueron sólo útiles para ocultar la realidad de lo sucedido dentro de esos lugares, para lo cual no se reparó en falsificar documentos y falsear el contenido de documentación que debía dar fe de lo allí consignado. Estos datos revelados generaron, además, un impacto negativo en la prevención del delito en el ámbito metropolitano y su efecto en la seguridad interior”, dice uno de los párrafos mas duros de la denuncia de la UFASE.

Ante los fiscales, una mujer que aparecía como testigo de un acta declaró que la firma que constaba allí no era la suya, que nunca había sido testigo y que sólo había ido a la comisaría del barrio una vez para solicitar un certificado de domicilio. Exactamente lo mismo les ocurrió a otras personas que fueron llamadas a declarar en la UFASE. Por eso, la sospecha es que los policías usaban datos de gente que había hecho trámites en las comisarías para incluirlos en las actas, sin que lo supieran .

La investigación de la UFASE (para la cual se usaron gendarmes y no policías) dio pie, en noviembre pasado, a una denuncia formal ante la jueza federal María Romilda Servini de Cubría. El documento con las conclusiones, firmado por el titular y el secretario de la UFASE, Marcelo Colombo y Marcelo Raffaini, involucra a 90 policías (entre ellos, 6 comisarios y 15 subcomisarios ) de 12 comisarías, pertenecientes a seis de las ocho circunscripciones porteñas ( ver infografía ).

A partir de esta denuncia, entre la noche del 1° y la mañana del 2 de marzo, por orden de Servini unos 400 gendarmes y 200 hombres de Prefectura allanaron más de 40 boliches, cuatro de los cuales terminaron clausurado s. Los operativos también alcanzaron a las 12 comisarías en cuyas jurisdicciones estaban los locales. En cada una se secuestraron las carpetas originales de seguimiento de boliches, cuyas copias habían sido la base de la investigación de la UFASE.

Según pudo confirmar Clarín , en uno de los locales, Morena’s (Varela 444) se encontraron dos menores de edad, de 16 y 17 años, que eran explotadas sexualmente . Otros boliches comenzaron a ser investigados por trata de mayores con fines de explotación sexual y en al menos tres lugares se encontraron indicios de pagos a policías: algo tan burdo como billetes agarrados con un clip a un papel en el que estaba anotado el número telefónico de la seccional .

“Se deduce que el interés de los funcionarios policiales involucrados debiera ser, principalmente económico. Esta es la explicación más razonable del sinnúmero de ilegalidades llevadas a cabo por los funcionarios policiales en pos de impedir dejar al descubierto el objeto real de los comercios involucrados ”, sintetizó la UFASE.

En los locales se secuestraron cientos de documentos que hacen referencia a los “pases”. Estos son como tickets (generalmente en forma de ficha o pulserita) que el cliente compra en el local, para luego entregarlo a una prostituta a cambio de sexo . Ella después lo usa para rendir cuentas.

No es seguro que esta parte de la causa (por infracción a la ley 12.331, que penaliza el regenteo de prostíbulos) siga en el fuero federal. Es posible que la investigación se desdoble y parte termine en el fuero Correccional.

La cantidad de documentación secuestrada por Servini de Cubría fue tanta que se destinó para su estudio a todo el personal de la secretaría 2 del juzgado. “En la investigación hay elementos para apuntar a una red de ‘trata’ de mujeres que estaría en conexión con diferentes boliches nocturnos”, confirmaron allí a Clarín .

La complicidad policial –reflejada en la sistemática confección de actas de control falsas sobre esos boliches– aparece, entonces, como un elemento clave para que el negocio se mantuviera aceitado.Por Luis Sangiorgio

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