SEGURIDAD: La Ministra Garré pondrá en manos de civiles todo lo referente a la salud y la previsión social de los efectivos de la Policía Federal
La ministra de Seguridad, Nilda Garré, detectó severas irregularidades en la obra social de la Policía Federal y ordenará su intervención, además de pasar a manos civiles el control de la caja que utiliza la fuerza y de la preparación de un anuncio de profundos cambios en las cúpulas de las comisarías.
A raíz de una auditoría interna que realizó el Ministerio de Seguridad en la Obra Social, la titular de la cartera decidió la intervención con un programa para saneamiento y creará además un área que se encargará de la administración de las cuentas de la Federal, que hasta ahora estaban en manos de la Policía.
Desde su llegada al Ministerio, Garré realizó varios cambios para la funcionalidad de la fuerza y luego de que esta semana perdió la confección y control de los pasaportes que representaba un buen caudal de su economía doméstica, la Federal sufrirá más modificaciones.
Según dijeron fuentes policiales, la obra social «viene siendo saqueada» por los mismos integrantes de la fuerza.
Prueba de ello fue la compra de un tomógrafo para el hospital policial Churruca ordenado en 1993, durante la presidencia de Carlos Menem.
«Desde ese entonces en el recibo de sueldo venía un descuento por la compra del tomógrafo de 50 pesos, que persistió hasta hace un año, aunque a algunos todavía les viene y otros efectivos decidieron iniciar juicio», reconoció la misma fuente.
Al multiplicarlo por los 50 mil efectivos que tiene como promedio la fuerza, en ese tiempo se recaudaron más de 100 millones de dólares para la compra del tomógrafo que, paradójicamente, terminó donando Amalia Lacroze de Fortabat.
Antes de la asunción de Garré, era normal que en el mencionado hospital faltaran muchos insumos médicos necesarios para la atención de los pacientes. Incluso lo visitó hace algunas semanas y admitió que había «problemas».
También varios directores vinculados al Churruca están siendo investigados por irregularidades por el juez federal Norberto Oyarbide.
Enterarse de esta situación motivó que Garré realizara una auditoría con personal civil sobre el hospital y la obra social, y que generó un cambio drástico al menos en ese lugar.
El informe fue realizado por el mismo equipo que hizo cientos de auditorías en el Ministerio de Defensa -dirigido por Garré hasta su cambio de cartera- que terminaron con formato de denuncia en los tribunales de la Justicia Federal.
Según se explicó desde el Ministerio de Seguridad, «los índices de insatisfacción son muy grandes, pese al buen superávit» de la Obra Social de la Policía Federal.
En este sentido, ya fueron convocadas 900 organizaciones no gubernamentales para armar las mesas locales, zonales y del interior del país con la idea de «crear mecanismos de control y perseguir la corrupción».
La Obra Social, el hospital Churruca-Visca, así como también préstamos, planes de vivienda que se entregan a integrantes de la fuerza están a cargo de la Superintendencia de Bienestar, cuyo titular es el comisario general Horacio Torlasco.
En este contexto, se espera también una modificación de cargos que incluirá depuraciones y ascensos de comisarios y subcomisarios en las cúpulas de las 53 comisarías, lo que genera aún más «preocupación» en el seno de la fuerza.
