POLITICA: Un proyecto de Ley de la Presidenta fija 180 millones de pesos los que puede gastar los candidatos

Cada candidato a presidente podrá gastar en la campaña electoral para seducir votantes hasta 180 millones de pesos. Ese tope lo propone, mediante un proyecto de ley, Cristina de Kirchner. El texto será enviado, en pocos días, para su discusión en el Congreso.

Ese monto surge del valor que el Gobierno fija al módulo electoral para esa elección: tres pesos. A partir de esa medida se desgranan el tope para el gasto de campaña, el límite a los aportes privados permitidos y, entre otros ítems, las multas por incumplimiento.

En toda la secuencia, desde la primaria hasta una eventual segunda vuelta, cada uno de los aspirantes no podrá exceder ese monto que indica el artículo 60 de la ley de primarias, técnicamente Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad; la 26.751.

En ese párrafo se establece que el tope del gasto para la general no podrá ser superior a la cifra que resulte de multiplicar la cantidad de electores habilitados por un módulo electoral. El padrón rasguña los 29 millones de electores. Es decir: el límite del gasto rozará los 90 millones.

Pero, a su vez, se incorporan otros dos renglones: en las primarias, cada partido estará autorizado a gastar la mitad de lo permitido para la elección general del 23 de octubre, unos 45 millones. Se agrega un monto similar en caso de que exista segunda vuelta.

Razonable

En toda la aventura, para financiar la campaña de un presidente se podrán destinar hasta 180 millones de pesos. A simple vista, la cifra abruma. Pero en los despachos K donde se trabaja contra reloj en la reglamentación de la ley, lo consideran razonable.

El dato particular respecto de elecciones anteriores es que en los comicios de este año la publicidad en TV y radio será financiada íntegramente por el Estado. Es decir: en los 180 millones permitidos no se incluyen esos rubros, los más onerosos de los gastos de campaña.

En ese sentido, menciona la publicidad en medios gráficos, la vía pública, la contratación de encuestas, el alquiler de oficinas y locales (más sus servicios), la movilidad de los candidatos, la impresión de boletas y cuestiones logísticas como la fiscalización.

La ley se permite un eufemismo al respecto. Menciona, en el punto e) del artículo 60, la «contratación a terceras personas que presten servicios a las candidaturas». Más simple: el ejército irregular de fiscales y punteros, imprescindible e inevitable en toda campaña y elección.

El proyecto de ley del módulo electoral sería girado en febrero en simultáneo con la promulgación de varios capítulos pendientes del régimen de primarias en los que trabajan el ministro del Interior, Florencio Randazzo, y el director nacional electoral, Alejandro Tulio.

Los textos están, ahora, en el circuito interno: una terminal inevitable, antes de quedar a la firma de la Presidente, es la Secretaría Legal y Técnica de Carlos Zannini. Pero algunos aspectos deben circular también por el despacho de Amado Boudou, el titular de la AFIP Ricardo Echegaray y, entre otros, el responsable del ex COMFER, Gabriel Mariotto.

Repartos

Pero el tope de 180 millones está acotado a los candidatos a presidente. A su vez, cada partido podrá gastar otros montos para financiar la campaña de sus senadores o diputados nacionales. Y, regulados por normativas provinciales o sin regulación, los correspondientes a gobernadores y cargos locales.

Ejemplo: además de usar ese monto para «adornar» a su postulante presidencial, si presenta listas de senadores y diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires tendrá un plus de gasto: por cada una de esas categorías electorales podrá desembolsar otros 30 millones de pesos (el padrón es de 10 millones, a un módulo por elector y a 3 pesos por módulo).

La sumatoria de todas las instancias -sin incluir las campañas locales- a nivel nacional eleva el límite a unos 375 millones. Para presidente 180 millones, para diputados 135 y para senadores (que se eligen en 8 provincias) cerca de 60 millones.

Un factor más para los cálculos: la ley de primarias reduce a 30 días el período de campaña para las primarias y un plazo similar para la general. Si se toman esos dos turnos, cada partido podrá gastar 6,25 millones por día.

Pero los topes, en sí, son abstracciones. La ley, que reformó la de financiamiento de partidos políticos, monta un dispositivo, a priori riguroso, para identificar el origen de los fondos y, en simultáneo, limitar los aportes financieros del sectores privado.

Prohibición

En ese aspecto, la nueva norma prohíbe los aportes de personas ideales y solo permite que lo hagan personas físicas. Es decir: excluye expresamente a empresas, mutuales y, por caso, gremios. Remite, en paralelo, a la antigua ley de financiamiento, la 26.215, que estipula que la contribución individual no podrá ser mayor al 2% del tope de gastos.

Por lo tanto, los aportes individuales no podrán ser superiores a los 180 mil pesos, deberán estar «bancarizados» y las identidades de los contribuyentes tendrán que figurar en un informe confeccionado por el partido luego de la elección.

De todos modos, el principal aportante será el Estado: en estas semanas también se terminará de definir el presupuesto que se repartirá entre los partidos que compitan en la primaria, fondos que se distribuirán en un 50% de manera ecuánime entre todos los competidores, mientras que el resto según una fórmula de votos obtenidos en elecciones anteriores. Fte.ambito.com