jueves 24 de septiembre de 2020
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JUSTICIA: El tribunal Oral 1 de Córdoba condenó al dictador por homicidio calificado, tormentos agravados y tormento seguido de muerte, por la muerte de 31 presos políticos alojados en la Unidad Penitenciaria de San Martín.

El ex dictador Jorge Rafael Videla fue condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos en Córdoba y se dispuso que sea alojado en una cárcel común.

El mismo destino tendrá el ex titular del Tercer Cuerpo del Ejército, Luciano Menéndez, aunque en ese caso una junta médica deberá determinar si está en condiciones de ser alojado en una cárcel común.

La pena le fue impuesta por el Tribunal Oral Federal 1 de esa provincia, en forma coincidente con lo reclamado por la Fiscalía y las querellas.

Videla fue hallado culpable de homicidio calificado, tormentos agravados y tormento seguido de muerte. Se trata de la segunda perpetua para quien gobernó el país entre 1976 y 1981, ya que la primera le fue impuesta en 1985, en el juicio a las juntas militares. Menéndez ya lleva cinco.

También fueron condenados a prisión perpetua los militares Vicente Meli, Carlos Poncet, Raúl Fierro, Jorge González Navarro, Gustavo Adolfo Alsina, Enrique Pedro Mones Ruiz y Miguel Ángel Pérez. Entre los policías, recibieron perpetua Luis Alberto Lucero, Calixto Luis Flores, Yamil Jabour, Marcelo Luna y Juan Eduardo Molina.

Hermes Rodríguez recibió 12 años de prisión en una cárcel común, el gendarme José Eugenio San Julián recibió 6 añosm Juan Huber recibió 14 años y Víctor Pino Cano, 12.

Carlos Hibar Pérez fue condenado a 10 años de prisión, mientras que la única mujer acusada, la policía Graciela “Cuca” Antón, fue sentenciada a 7 años de cárcel. Fernando “el Tuerto” Rocha, quien estuvo internado por problemas cardíacos, fue condenado a 8 años de prisión.

El Tribunal determinó que siete de los acusados sean absueltos: Osvaldo Quiroga; Pablo D’Aloia; Ricardo Cayetano Rocha; Luis Alberto Rodríguez; Jose Antonio Paredes; Luis David Merlo; y Gustavo Salgado.

El proceso comenzó el 2 de julio contra Rafael Videla, Benjamín Menéndez y otros 28 imputados, acusados por la muerte de 31 presos políticos alojados en la Unidad Penitenciaria San Martín (UP1).

Estaban acusados de haber aplicado la ‘Ley de Fugas’, además de secuestros y torturas en contra de un civil y cinco miembros del entonces Departamento de Informaciones Policiales (D2), sindicados como infiltrados en las organizaciones revolucionarias en 1976.

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