Amnistía Internacional expresó preocupación por los hechos de violencia sucedidos con comunidad Toba Qom de Formosa
«Es preocupante como se habla de la comunidad de La Primavera. Hace más de 4 meses que los miembros de la Comunidad exigen al Estado acciones claras. No cortan la ruta por placer, lo hacen por desesperación ante la falta de respuestas. Están exigiendo por sus derechos y sufren un desalojo forzoso, son sometidos a la violencia institucional y los hechos relatados los inculpan como agresores», dijo Gabriela Boada, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
El organismo destacó que el derecho de los pueblos indígenas a sus tierras está amparado no sólo por las compromisos internacionales que el Estado ha asumido, sino también por la Constitución Nacional y otras leyes nacionales, entre ellas la 26.160, que declara emergencia de las tierras y prohíbe los desalojos hasta que se haga el relevamiento de comunidades para la otorgación de los títulos de propiedad.
«Los derechos humanos son claros, no hay derecho al desalojo. No se puede desalojar a las comunidades.» señaló Boada.
La semana pasada, Félix Díaz, líder de la comunidad, se comunicó con Amnistía Internacional Argentina para expresar su preocupación porque estaba sufriendo amenazas de próximos desalojos de la ruta por parte de criollos vecinos y de gendarmería, impulsados por el gobierno provincial.
En la mañana de ayer pobladores no indígenas que declaran ser propietarios de una porción de tierra que los indígenas reconocen como parte de sus tierras tradicionales acompañados por la Policía hicieron un primer intento para desalojar a una familia sin orden judicial y quemar la casa.
La comunidad pidió la orden judicial, pero no la mostraron. Mientras los policías se alejaron del lugar, miembros de la familia Celias, una familia criolla que ocupa la tierra indígena Qom, armados y montados a caballo dispararon contra el dirigente Qom, Félix Díaz. Según expresó Díaz, «los caballos se movían y por eso no pudieron eliminarme físicamente» según expresó Díaz. Esto sucedió en presencia de policía uniformada y de civil. Por la tarde detuvieron a uno de los miembros de la comunidad.
Alrededor de las 18:30, hubo otro intento de desalojo por parte de la familia Celias, esta vez acompañados con una gran cantidad de policías de la provincia, armados y amenazantes, que provocaron un violento enfrentamiento en donde Sixto Gómez, un indígena de la comunidad, perdió su vida.
El choque armado terminó con varios heridos, y una gran cantidad de indígenas detenidos. En la zona que lograron desalojar, las casas fueron quemadas.
«Lo que pasa en Formosa es gravísimo. Las constantes violaciones a los derechos de los pueblos indígenas en la provincia, el manejo de la información y el doble discurso hacen que las comunidades estén desamparadas y en riesgo. Es vergonzoso, los indígenas reclaman pacíficamente por sus derechos negados históricamente, los quieren callar y castigar, se defienden y salen en los diarios como si fueran pendencieros» señaló Boada.
Amnistía Internacional exigió que el gobierno de Gildo Insfrán escuche al pueblo indígena y cumpla sus compromisos por los derechos humanos y lleve a cabo una investigación completa, pronta e imparcial del los hechos, publique los resultados de la investigación y lleve a la justicia a los responsables de lo sucedido.
Al mismo tiempo, exigió que el Poder Ejecutivo Nacional cumpla con sus compromisos internacionales de derechos humanos de los pueblos indígenas en todo el país, ya que no se puede permitir que se continúe, en ningún lugar del país, con éste nivel de discriminación, violencia e indiferencia con los pueblos indígenas.
