En la antesala de una semana clave para el debate sobre la validez del decreto de necesidad y urgencia que autorizó el uso de reservas del Banco Central para pagar deuda, el Gobierno volvió a poner límites a una eventual negociación con los sectores que rechazan la medida. “El Fondo de Desendeudamiento con la utilización de reservas es un tema innegociable para el Gobierno ya que de esa forma nos ahorramos 1000 millones de dólares en intereses”, planteó el ministro del Interior esta mañana en declaraciones a radio Mitre. De a dos. La sentencia del funcionario dinamitó cualquier posibilidad de acercamiento de posiciones entre el oficialismo y la oposición, ya que el uso de reservas es una de las claves del rechazo en casi todo el arco no kirchnerista.
“En política el diálogo es fundamental. Pero para que haya diálogo tiene que haber predisposición de las dos partes”, insistió Randazzo.
El ministro planteó los límites de la posición oficial horas después de que todos los bloques, incluidos los de centroizquierda, confirmaran que asistirán a la sesión especial convocada para el miércoles con el propósito de derogar el DNU 298 que creó el Fondo del Desendeudamiento, autorizó al Poder Ejecutivo a tomar US$ 6500 millones del BCRA para cancelar pasivos con acreedores privados y que luego suspendió la Justicia.
En otro tramo del reportaje, Randazzo justificó la utilización de reservas para cumplir con los acreedores. “Consideramos fundamental el pago de los vencimientos en el 2010 porque sabemos qué pasó cuando Argentina decretó el default. Lo mejor es la utilización de las reservas: por ellas nos pagan un 0,5 por ciento, y salir a tomar plata, nos significa pagar entre el 12 y el 14 por ciento”, argumentó.
Decisión tomada. Por su parte, el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, aseguró hoy que el traspaso de las reservas del Banco Central al Tesoro Nacional “ya está”, y que por lo tanto no deberá regresarlas al BCRA en caso de que el Congreso rechace la operación efectuada.
Fernández sentenció que, según la normativa, “los derechos adquiridos tendrán vigencia hasta su rechazo” por lo que “todo lo actuado hasta el momento tiene validez”, lo que incluye la transferencia de 6500 millones de dólares, a través de un decreto, para saldar deuda pública durante 2010.
“Por más que el decreto fuera rechazado [por el Congreso], ya está”, aseguró el funcionario, en declaraciones de esta mañana a radio 10.
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